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El informe del órgano contralor señala que los automotores que eran usados en contravención a la ley pertenecen a las FF.AA., Policía Nacional, Comando del Ejército, Essap, ANNP, Gobernación de Boquerón, Aduana, Municipalidad de San Antonio, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio Público, Municipalidad de Eusebio Ayala y Ministerio de Salud Pública.
Los vehículos de las citadas instituciones que fueron retenidos por funcionarios de Contraloría no contaban con órdenes de trabajo ni con el logotipo respectivo y transportaban personas ajenas a la institución. Tampoco contaban con la inscripción RASP (Registro del Automotor Sector Público), contrariando la Resolución Nº 119/96 de la Contraloría General.
La exigencia legal para vehículos del Estado es que deben contar con el logotipo y la orden de trabajo de sus respectivas instituciones, además de no transportar personas extrañas a la entidad.
El órgano superior de control recuerda que los rodados que no cuenten con una orden de trabajo que justifique su salida la vía pública, serán retenidos y la Contraloría remitirá una nota a la institución responsable de los mismos, a fin de solicitar la instrucción de sumarios administrativos cuyos resultados finales deben ser nuevamente remitidos al ente de control.