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En diálogo con ABC Cardinal 730 AM, el gobernador González manifestó que la población departamental se encuentra consternada y asustada ante el atentado contra Jorge Rafaat Toumani en Pedro Juan Caballero (PJC). Subrayó que armas de alto calibre fueron disparadas cerca de escuelas y universidades llenas de alumnos, de iglesias con feligreses y comercios llenos de clientes.
“Necesitamos que los organismos del Estado marquen presencia, que tengan gente especializada en la lucha contra el crimen organizado”, dijo González al programa Periodísticamente, dirigido por Guillermo Domaniczky, Federico Arias y Pablo Valdez, que se emite de lunes a viernes de 08:00 a 11:30. Agregó que la población civil se encuentra atrapada en una guerra territorial entre bandas de narcotraficantes.
“Fue una media hora de terror”, dijo González, al resaltar que ningún civil salió herido. No obstante, cuestionó que el Gobierno se comportó como si nada hubiese ocurrido después de que la situación se calme.
Destacó que los organismos de seguridad señalan que el atentado fue un “trabajo grande”, con sicarios llegados especialmente del Brasil, y que hubo entre 50 y 70 operativos en todos los puntos de la ciudad, donde disparaban aleatoriamente para confundir la labor de la Policía.
Miedo
En su relato, señaló que el terror tomó a la ciudad de PJC por media hora continuada, pero que de madrugada continuaban los disparos intermitentes.
González dijo que en tanto, el puesto militar paraguayo tenía apenas “15 soldaditos de entre 17 y 18 años” y que los operativos del crimen organizado superaban 300% a los de la Policía local. Subrayó que se necesitan más vehículos, equipamiento y chalecos.
Lamentó que cualquiera pueda “entrar y salir” sin ser identificado a lo largo de más de 220 km de frontera seca. Advirtió que este tipo de organizaciones ya avanzaron sobre Amambay y se expanden hacia el departamento Central. “Los militares, en lugar de pasearse por la Capital deberían estar en la frontera”, insistió.
Agregó que todo esto deja muy mal parado al departamento, cuando las autoridades locales tratan de incentivar las inversiones e industrias.
Finalmente, el legislador del PLRA negó tener cualquier vínculo con Rafaat, de quien dijo que se le conocía por ser empresario aunque la gente “sabía” de sus antecedentes, pero no le calificó de narcotraficante.