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A nueve días del escándalo y numerosas denuncias de presunto fraude, el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard (ANR, cartista) y los ministros Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF) se niegan a exhibir las actas electorales.
La postura oficial busca desmentir los audios filtrados por ABC Cardinal 730 AM en que Miguel Iturburo, director de Calidad Informática del TSJE, confesaba haber recibido dinero –y un vehículo– a cambio de imprimir actas electorales y alterar la carga de datos para beneficiar al senador Jorge Oviedo Matto (Unace), imputado por supuesto tráfico de influencias. Iturburo también vinculó en sus declaraciones a la senadora Lilian Samaniego (ANR, excartista) y a su hermano, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, excartista).
Concurre a las 09:30
Para sostener la historia de que el alto funcionario no forma parte de una rosca corrupta dentro del Tribunal Electoral y que nunca tuvo posibilidad informática de alterar los resultados de las elecciones generales del 22 de abril pasado, Iturburo debe acudir esta mañana a las 09:30 a la sede del TSJE para declarar la misma versión.
Julio Simón, superintendente del TSJE, informó que Iturburo debe presentarse a prestar declaración en el marco de su sumario administrativo. Dicho trámite lo alejó del cargo pero con goce de sueldo. Esta sería la segunda audiencia llevada a cabo a nivel interno. El TSJE nunca reveló cuando se llevó a cabo la primera.
Por otro lado, referentes de la oposición también cuestionaron duramente la actuación del Ministerio Público por no haber hecho intervenciones ni allanamientos en las oficinas electorales.
Cambio de ministros
El 22 de agosto fenece el mandato de cinco años de los ministros Bestard (60) y Wapenka (71) y ambos ya recurrieron a la Corte Suprema buscando ser declarados inamovibles hasta los 75 años.
El Congreso debate la posibilidad de llegar a un acuerdo político entre la oposición y el futuro gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) para remover a los tres miembros del TSJE y renovar los nueve espacios en la Corte Suprema.