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Miguel Ituruburo, jefe de Calidad Informática del Tribunal Electoral, acudió ayer a la institución para defenderse legalmente en el marco del sumario administrativo que enfrenta. Sin embargo, acompañado de su abogado Álvaro Arias, se abstuvo de declarar ante la jueza instructora Telma Benítez y corrió para evitar las consultas periodísticas.
Su abogado manifestó que solicitó la semana pasada la suspensión de la audiencia y la abstención de la declaración de su defendido porque necesita tener acceso a los antecedentes de su caso.
Agregó que solicitó a la jueza instructora que convoque a varios funcionarios subordinados a Iturburo para declarar en su favor.
Arias cuestiona audios
Finalmente recalcó que los audios difundidos en el programa radial A La Gran 730 por ABC Cardinal no sean considerados pruebas válidas por ser “inconstitucionales”.
En paralelo, a nivel de la denuncia penal en el Ministerio Público, Arias dijo que también pidieron suspender la audiencia indagatoria hasta que preparen la defensa. Este caso está a cargo de los fiscales Liliana Alcaraz y Diego Zilbervag.
En cuanto a las declaraciones del imputado senador Jorge Oviedo Matto (Unace), quien admitió pagos a Iturburo pero por “impresión de padrón” y no por fraguar votos, Arias dijo que eso solo era la versión del legislador.
Con relación al vehículo de Unace en poder de Iturburo, también dijo que no existe ilegalidad porque supuestamente la compra ocurrió años atrás.
En los audios filtrados por ABC Cardinal 730 AM, Miguel Iturburo, jefe de Calidad Informática, admitió haber cobrado G. 25 millones por la impresión de actas electorales y fraguar resultados en favor del imputado senador Oviedo Matto y la senadora Lilian Samaniego (ANR, excartista). Tras los comicios puso a la venta un camión utilitario que le transfirió el Partido Unace que preside Oviedo Matto, que habría recibido como parte de pago de la modificación de votos de los comicios generales del 22 de abril. Los tres miembros del TSJE Jaime Bestard (ANR), Alberto Ramírez (PLRA) y María Wapenka (PRF) se niegan a exhibir las actas.