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La ministra del TSJE María Elena Wapenka (independiente) dio la cara por los integrantes de la Comisión de Financiamiento Político y por nota se excusó ante el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados Ramón Romero Roa (ANR). Wapenka dijo que los funcionarios no acudieron a la sede legislativa por “razones de fuerza mayor”.
La Justicia Electoral a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está a un paso de recibir US$ 1.200.000 para llevar adelante un programa de control del financiamiento que reciben los partidos, movimientos y alianzas políticas en sus campañas electorales. Sin embargo, este tipo de ausencias impide que se avance en los controles en las primarias electorales.
Wapenka, además de excusar a la comisión, pidió que la reunión se realice mañana. Sin embargo, Asuntos Constitucionales ya cuenta con una actividad fijada para la fecha, por lo que resolvieron volver a convocar a la Comisión de Financiamiento Político para el próximo miércoles 14 de setiembre.
El proyecto
El proyecto de ley plantea la modificación de la actual Ley 4743/12 que regula el Financiamiento Político. Con la normativa pretenden que el control del dinero en las campañas electorales se realicen no solo en las elecciones generales, sino también en las internas de los partidos, movimientos y alianzas, donde mayor cantidad de dinero corre por parte de los candidatos, quienes buscan asegurar su permanencia en las listas.
Los diputados liberales Amado Florentín, Jorge Ávalos Mariño y Sergio Rojas volvieron a presentar en julio el proyecto de ley que en otra oportunidad ya había sufrido modificaciones en el Senado y había sido vetado por el Ejecutivo. La intención era restituir los millonarios subsidios por cargos que se destinaban a los partidos políticos.
Los proyectistas señalan en la exposición de motivos del proyecto que la ley vigente no es clara con respecto a la regulación durante las internas. Añaden que no se aborda la actividad recaudatoria de los candidatos a cargos electivos, ni de candidatos en los comicios primarios.
Mencionan que el artículo 64 de la ley citada incluso exonera los controles en las internas al señalar que “no será necesaria la contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones internas”.
Según los diputados, con esta exoneración se pierde una parte importante del control para la determinación de la legalidad del origen del dinero invertido en las campañas electorales.
“El grueso del financiamiento particular, muchas veces ilegítimo o ilegal, se da en esta etapa ya que en las elecciones generales se corre con el dinero público asignados a los partidos políticos”, mencionan los diputados defendiendo la aplicación de las modificaciones a la Ley de Financiamiento.
La Justicia Electoral recibirá una millonaria donación de Usaid para fortalecer los controles del dinero en las campañas proselitistas. El programa promete ser implementado para las elecciones del 2018.
Ministros no aplican la ley
Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Jaime Bestard (ANR), el imputado Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Wapenka (independiente) no aplican a rajatabla la Ley 4743/12 de Financiamiento Político. Ello a pesar de las innumerables irregularidades detectadas en las rendiciones de cuentas de los partidos políticos presentadas ante la Contraloría.
El propio titular de la institución Bestard admitió que no iban a ser rigurosos en la aplicación de la normativa porque supuestamente se superponía con las elecciones internas pasadas. Sin embargo, ya repartieron en aportes G. 29.999 millones a los partidos políticos. Mientras que en subsidios pretenden repartir G. 20.897.794.068.
Los ministros temen ser enjuiciados políticamente tras los escandalosos casos de corrupción.