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Este proceso se inició a partir de un procedimiento realizado el 2 de mayo pasado, a las 23:00, en el puesto de control policial Nº 8, de Concepción, kilómetro 4 ruta General Rafael Franco; agentes policiales se incautaron de unas 180 toneladas de carne, con documentación irregular.
El miércoles pasado, el Tribunal de Apelación, 3ª Sala, ratificó la resolución que rechaza el incidente de prejudicialidad planteado por la defensa, dictada por el juez Humberto Otazú el 17 de julio pasado.
Tal como alegó el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, el empresario brasileño adujo que al ser el contrabando derivado de una infracción aduanera, debe ser previamente calificado por la Dirección Nacional de Aduanas.
Los camaristas Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín coincidieron en señalar lo siguiente: “(...) el hecho punible de contrabando es de acción penal pública, por tanto, el Ministerio Público tiene el deber y la obligación de iniciar, proseguir y culminar la investigación en representación de la sociedad como se encuentra desarrollándose hasta este momento procesal (...). Agrega que ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público pueden ceder sus atribuciones y obligaciones establecidas claramente en la ley.
La Cámara cita como jurisprudencia el Acuerdo y Sentencia N° 137 del 8 de abril del 2013, en la causa “Lorenzo Acuña y otros sobre tentativa de contrabando”, en la que el ministro Sindulfo Blanco vota por la continuidad del proceso penal.
Núñez Salinas fue procesado porque importó decodificadores, pero declaró en Aduanas que eran ruteadores. Además, adulteró documentos para subvalorar el costo real de US$ 1 millón por el de US$ 17.000. Por esta razón, Núñez fue imputado por contrabando y por producción de documentos no auténticos.
El parlamentario admitió los hechos y hasta ofreció realizar una donación de G. 50 millones al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, a modo de reparación del daño social para ser beneficiado con una salida light.