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El proyecto que reglamenta el artículo 118 de la Constitución Nacional y dispone sanciones a quienes faltan al deber del sufragio figura en el punto 14 del orden del día de la sesión de hoy de la Cámara Baja, cuyo inicio se prevé a las 14 horas.
La norma señala que todos los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de votar en todas las elecciones, sean municipales, departamentales o nacionales.
Quienes no voten en forma injustificada serán sancionados con multa de G. 350.000. Además, inhibición de gravar y vender bienes hasta tanto no sea saldada la multa. Igualmente, suspensión como beneficiario de los programas sociales del Estado, en especial los que contengan componentes de transferencias monetarias condicionadas u otras transferencias por el término de tres meses.
Finalmente, otra sanción prevista es la de suspensión en la expedición y renovación de documentos de carácter personal, certificados de Registro Civil, cédula de identidad, pasaporte, hasta tanto el ciudadano afectado haya acreditado haber dado cumplimiento a la multa establecida.
La ley también señala que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberá certificar documentadamente el incumplimiento del deber de sufragar.
Recursos
Los recursos generados como consecuencia de las multas formarán parte del patrimonio del TSJE como recursos propios, fuente 30.
La reglamentación de la ley estará a cargo del TSJE, En la misma, deberá establecer con precisión cuáles serán la causales de justificación y eximición de sanciones por el incumplimiento del deber de votar así como también los mecanismos para su acreditación fehaciente.
Dictámenes
La normativa presentada por el diputado Rojas tuvo dictamen favorable el año pasado de la comisión de Legislación, pero posteriormente, en diciembre de ese año, la plenaria resolvió postergar su estudio por tiempo indefinido.
El diputado colorado Bernardo Villalba, presidente de la comisión de Legislación indicó que analizarán de nuevo este tema en bancada y no descartó que se pida una nueva postergación, por la necesidad de buscar un consenso.
Afirmó que hay un acuerdo general en la necesidad de que se reglamente la obligatoriedad del voto, para que esta prescripción constitucional esté realmente vigente. Sin embargo, señaló que se deben tener en cuenta todos los aspectos legales.
En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño, líder de la bancada liberal, dijo que en principio respaldan el proyecto de ley, pero indicó que se debe estudiar con mucho cuidado para asegurar la viabilidad de su aplicación.
Apuntó que su bancada analizará este mediodía el proyecto para tener una postura en bloque.
Preocupa implementación
Uno de los temas que preocupa en relación a la ley que reglamenta la obligación de votar es la forma práctica de implementarlo, indicó el diputado Bernardo Villalba. De acuerdo a cálculos que manejan los legisladores, el número de electores que no votan sería de más de 1.700.000, con base a datos de las última elección municipal. Indicó que sancionar a esa cantidad de personas puede tener dificultades. No obstante, consideró que se deben buscar los mecanismos y que es cuestión de que los ciudadanos asuman su obligación.