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El proyecto que plantea regular los alimentos que deben consumir los niños, niñas y adolescentes en las escuelas figura en el tercer punto del orden del día.
Aunque el plan de normativa, entregado en la Cámara de Diputados por el legislador Fernando Félix Ortellado, se presenta como un aporte a la salud, contiene artículos que serán de casi imposible aplicación y otros darían lugar a arbitrariedades. Además, la redacción es ambigua e imprecisa.
Gran parte de los artículos están redactados como un decálogo de buenas intenciones y recomendaciones de carácter muy general.
Si bien el proyecto establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud y Bienestar Social, crea al mismo tiempo una comisión nacional interinstitucional de nutrición de la niñez y la adolescencia, que integrarían representantes de cinco ministerios, de dos secretarías y “otros organismos e entidades que la Comisión considere pertinentes” (sic). Sobre las atribuciones y objetivos de esta comisión, la ley nada dice, limitándose a establecer que esta “reglamentará sus funciones y atribuciones”.
Otro punto muy polémico del plan de ley es el que dispone que el Ministerio de Salud establecerá un listado de alimentos de venta permitida y no permitida en las instituciones públicas y privadas, sin decir en forma precisa cuáles serán los criterios.
Igualmente, en forma muy genérica, dispone “adoptar medidas regulatorias y fiscales que permitan aumentar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y reducir el acceso a productos no saludables”. Sin embargo, no dice quién hará eso y con qué parámetros.
También dispone “establecer aranceles impositivos diferenciados para alimentos con alto contenido calórico y/o sodio y de bajo valor nutricional, entre otros”. Sobre los porcentajes o montos de estos aranceles nada aclara, dejando ello, aparentemente, al arbitrio de la Comisión Interinstitucional.
Varias comisiones del Senado recomiendan la aprobación, y el tema motivará un fuerte debate.