Tras larga lucha, tumban a un impune reincidente

Tras una larga lucha, la ciudadanía se consagró ayer con la destitución del condenado senador Víctor Bogado (ANR, cartista). Ya fue blanqueado en un supuesto negociado en Conatel y con malos manejos en Diputados entre ellos logró la doble contratación de la “niñera de oro”.

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Mucho antes que el caso de la “niñera de oro” saliera a la luz en 2013, la impunidad y la ostentación de Víctor Bogado (ANR) ya despertaron la indignación ciudadana en 2006 cuando se pagó una fastuosa boda mientras se encontraba procesado por supuesto enriquecimiento ilícito. Siempre se mostró desafiante hacia la ciudadanía, amenazaba a los periodistas que denunciaban sus casos de corrupción y hasta se burlaba de los activistas que lo interpelaban.

Su “foja de servicio” comienza en 1978 como ordenanza en la ex-Antelco. Tras los sucesos de 1999, de sindicalista pasa a ser presidente de Copaco SA y posteriormente asume la titularidad de la Conatel, del 2000 a 2002, donde dejó un multimillonario daño patrimonial.

Siendo diputado, fue procesado por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio en 2006 por un perjuicio de más de G. 121.000 millones a Conatel.

Sus colegas intentaron desaforarlo pero fue “salvado” corporativamente, algo que se repetiría en el Senado años después.

La boda indignante 

Estando procesado en 2006 se pagó una boda de unos G. 800 millones que despertó la indignación ciudadana a los gritos de “¡Bogado, Bogado, devuelva lo robado!” frente a un lujoso hotel de Asunción. Por este caso fue blanqueado por la Corte.

Fue diputado por 10 años, del 2003 al 2013, siendo presidente en varios periodos. En junio de 2007 además fue denunciado por sabotaje cuando fue fotografiado apagando las luces de la Cámara Baja.

El inicio del fin 

En 2013 deja Diputados y llega al Senado el 1 de julio. Pero en octubre de ese año se descubre que nombró a una niñera de sus hijas en la Cámara Baja y al mismo tiempo usó su influencia para ser doblemente nombrada por el Estado paraguayo, esta vez en Itaipú.

La ciudadanía se organizó en redes sociales e inició una campaña de escraches a la que se sumaron comercios, restaurantes, empresas y hasta yuyeras. El 14 de noviembre junto a 22 colegas, esta vez de la Cámara Alta, volvió a ser salvado del desafuero. Sin embargo, esta vez la ciudadanía no perdonó la impunidad que gozó durante una década y salió a las calles con más fuerza. Legisladores eran escrachados constantemente y los manifestantes lanzaban papel higiénico a la sede del Congreso en señal de repudio. El 28 de noviembre de 2013 el Senado lo desaforó. La fiscalía logró investigarle y la justicia le dio una mínima condena.

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