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Luego de la reunión conjunta entre las comisiones del Senado y representantes de organismos del Poder Ejecutivo del lunes, el senador Apuril advirtió que las atribuciones que se pretende dar a la Secretaría de Inteligencia Financiera (SIF), dependiente de la Seprelad, “la pueden convertir en un superpoder y una Secretaría de Espionaje”. El proyecto es parte del paquete de leyes antilavado de Gafilat que estudia el Senado.
Apuril indicó que las normas accesorias que figuran en el proyecto le darían a la SIF un control sobre la ciudadanía similar al que hay de parte de la Contraloría General de la República sobre los funcionarios públicos.
Señaló que, al considerar la evasión impositiva como precedente al lavado de dinero, cualquiera que se atrase o tenga alguna dificultad con sus impuestos sería un lavador en potencia.
Expresó que abre la posibilidad de que se le inquiera a cualquier ciudadano acerca de sus bienes y cuánto tributó por ellos.
Alertó que, al no haber prejudicialidad y no permitírsele al ciudadano ir a tratar de explicar su situación ante el organismo natural que es la Secretaría de Estado de Tributación (SET), su eventual evasión de impuestos se relacionará como ilícito precedente con el lavado de dinero.
Y, al existir sospecha de lavado de dinero, la SIF, de acuerdo con la nueva ley que se plantea aprobar, tiene la posibilidad de abrir la contabilidad del ciudadano, pasando por encima del secreto bancario, sin necesidad de una orden judicial.
Apuril apuntó que esto sería darle una atribución a la SIF que ni siquiera tiene el Ministerio Público dentro del marco de la Constitución Nacional.
Agregó además que el titular de dicha Secretaría es puesto “a dedo” por el Poder Ejecutivo y tendrá el control de todos los reportes de operaciones sospechosas que reciben y que son confidenciales. Indicó que él podría “filtrar” también a dedo, qué informes pasar al Ministerio Público, con lo cual “vamos a tener una suerte de CIA o KGB al servicio del poder de turno”.
Agregó que la ley plantea eliminar el límite a las operaciones sospechosas y una operación de G. 100.000 puede ser considerada sospechosa, y se puede reportar a la Seprelad o a la SIF.
Apuril manifestó que desde la Seprelad se comprometieron a hacer modificaciones al proyecto.