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El Ministerio Público a través de su red social, realizó una escueta aclaración sobre la inconstitucionalidad que promovió la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, para que la Contraloría no audite sus cuentas. Sin embargo, realizó una amplia exposición sobre la imputación que pesa sobre el contralor Enrique García, con quien la Fiscalía mantiene una puja de poder.
“La acción del Ministerio Público va dirigida sobre la Ley N° 2248/2003, ‘Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial’, por la cual se solicita al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación”, dice textualmente el Ministerio Público en su escrito de aclaración sobre el cuestionamiento a Quiñónez por pretender que la Contraloría no audite las cuentas de la Fiscalía.
Agrega: “Esta acción no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas, y además el juzgamiento de los actos administrativos, incluso con la potestad de poder determinar la comisión de algún hecho punible. Independientemente a este recurso, los actos administrativos, así como llamados y procesos licitatorios se encuentran disponibles a través de los mecanismos de comunicación de la institución para acceso a la ciudadanía”.
Posteriormente, la Fiscalía recordó en su aclaración que el contralor García está imputado por los delitos de producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso, por no haber apelado en el plazo contra la resolución que había sido desfavorable a la comuna capitalina cuando se desempeñó como asesor jurídico del municipio, lo que le causó contra un perjuicio de unos US$ 3,6 millones a favor de la empresa Ivesur.
Este conflicto entre el contralor García y la fiscala general Quiñónez, es el argumento para promover la inconstitucionalidad contra la referida ley para evitar que la Contraloría audite las cuentas de la Fiscalía, porque se presume que no existiría imparcialidad en el momento de analizar los documentos y actos administrativos.
La acción fue promovida el 1 de febrero pasado y la Fiscalía aguarda que la Sala Constitucional se expida sobre la medida cautelar para ordenar la suspensión de efectos de la norma.
No cumplió su promesa
Quiñónez prometió en una audiencia pública del concurso para fiscal general que no impedirá que la Contraloría audite las cuentas del Ministerio Público. “Apostemos a la transparencia, no debemos temer a ser controlados. La primera persona en ser controlada debe ser el fiscal general del Estado”, había asegurado en junio de 2017.