Testigo en asesinato consiguió millonarios contratos en Itaipú

Pascual Domínguez Benítez, hoy superintendente de Itaipú que en el 2005 con su declaración salvó de la cárcel al esposo de la diputada Cristina Villalba, facturó en años sucesivos al crimen un total de 245.000 dólares a la entidad binacional por “ejecución de proyectos” en la colonia Brítez Cue, departamento de Canindeyú. Los vecinos denunciaron que se trató de un negociado.

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Entre 2005 y 2007, la consultora San Blas del hoy superintendente de Itaipú Pascual Domínguez Benítez, testigo clave en un caso de asesinato que habría cometido el esposo de la diputada Cristina Villalba, Félix Abente, recibió de la Itaipú Binacional un total de 245.000 dólares para la ejecución de varios proyectos que quedaron inconclusos. Las obras debían desarrollarse en la colonia Brítez Cue, departamento de Canindeyú.

Los millonarios contratos con la consultora de Domínguez Benítez, curiosamente coinciden con la época en que la fiscalía investigaba el caso que involucra a Abente, y donde se citaba como testigo clave al hoy alto funcionario de la entidad binacional. Fuentes aseguran que Cristina Villalba recurrió hasta al entonces presidente Nicanor Duarte Frutos para salvar a su marido de la cárcel.

El hecho ocurrió el 4 de octubre de 2005, en Brítez Cue. Un albañil, de nombre Ramón Villamayor, fue asesinado de dos impactos de bala. Según el acta policial y la fiscala del caso Fanny Villamayor, Domínguez Benítez declaró que el autor de los disparos fue Félix Abente. El testigo había socorrido al herido, y lo trasladó hasta el hospital de Curuguaty, donde llegó sin vida.

Curiosamente, luego Domínguez Benítez cambió de versión y dio a entender que un disparo accidental mató a Villamayor.

Con el cambio de relato de los hechos, Domínguez Benítez benefició enormemente al marido de la diputada. Pues el caso que en principio fue caratulado como homicidio “doloso”, con una expectativa de pena de 15 años de cárcel, se cambió a “culposo” que prevé solo cinco años de prisión con posibilidad de negociar con los familiares de la víctima. Abente quedó libre, mientras Domínguez Benítez facturó a la binacional por “ejecución de proyectos” un total de US$ 245.000. En julio del 2007 los pobladores denunciaron que todo se trató de un negociado.

En octubre del 2013, con Horacio Cartes en el gobierno, el “testigo clave” del caso Abente fue nombrado superintendente de Itaipú con un ingreso mensual de G. 40.802.326. Su madrina: Cristina Villalba.

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