Tarifa para RTA no debe ser menor a US$ 58,22 MWh, asegura técnico

Con la excusa de parar la cesión de energía a terceros países y demostrar algunos logros en estos pocos meses, el Gobierno está dejando de evaluar las necesidades de largo plazo del país en materia eléctrica y plantea la instalación de Rio Tinto Alcan (RTA) como la prioridad, y con ello en el momento de las negociaciones ya nos está poniendo en desventaja, advierte el Ing. Juan José Encina Cabrera, extitular de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) . Ratificó que la tarifa eléctrica para la multinacional de aluminio no puede ser menor a US$ 58,22 el megavatio hora (MWh) si se mantiene el contrato con Eletrobrás; de lo contrario, debe ser US$ 77,99 MWh.

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–¿Qué opina de la actitud del Gobierno y sobre el preacuerdo firmado con Rio Tinto?

–Desde el 2009 comenzaron las negociaciones entre RTA y los representantes paraguayos; y el Gobierno hubiera divulgado ampliamente el alcance de las negociaciones desde sus inicios. El tema eléctrico es fundamental y el aprovechamiento óptimo de la ventaja competitiva que tiene el país, que es su energía eléctrica, debe ser analizado en forma planificada y con visión de largo plazo. El hermetismo con el que se manejó el Gobierno –llegando inclusive a declarar como único vocero a Industria y Comercio y prohibiendo a las instituciones relacionadas al sector, como la ANDE y el Viceministerio de Minas y Energía, hablar sobre el tema– resulta, al menos, preocupante. El documento mencionado como Acuerdo de Entendimiento establece posibles beneficios para el país, necesidades concretas de infraestructura requerida y el posible parque industrial; pero no considera aspectos fundamentales para un acuerdo de esta envergadura, y manifiesta la obsesión del gobierno actual de inaugurar obras o cerrar acuerdos lo antes posible, sin haber culminado las etapas lógicas previas.

–En otra entrevista dijo que el preacuerdo tiene falencias, ¿puede enumerar cuáles son y explicarlas?

–El acta de entendimiento al que accedí gracias a ABC Color presenta las siguientes falencias: 1-Ambiental: no dispone la realización de un estudio de impacto ambiental. 2-Beneficios reales: todos los beneficios son subjetivos y dependen de variables no controladas. 3-Tarifa: no establece la tarifa eléctrica ni el lugar de entrega de la energía. 4-Plazo de vigencia: se debe definir el 2023 como año de renegociación de un posible contrato (debido a la negociación de Itaipú). 5-Legal: se insiste en que no es vinculante, pero se definen las instancias de resolución de temas legales. 6-Infraestructura: no define quién realizará la infraestructura requerida. 7-Parque Industrial: debe ser negociado independientemente y las industrias mencionadas para el parque industrial no vendrán si no obtienen beneficios adicionales.

–¿Cree que quiere otorgar amplios beneficios económicos y legales a RTA?

–Creo que el Gobierno, bajo la excusa de dejar de ceder energía a terceros países y demostrar algunos logros en estos pocos meses, está dejando de evaluar las necesidades de largo plazo en materia eléctrica y plantea que la instalación de RTA es la prioridad para el país. Con ello, al momento de las negociaciones, ya estamos en desventaja. Con esa posición, RTA está rumbo a lograr sus objetivos, que es disponer de energía abundante y maximizar ganancias a largo plazo, aprovechando la postura de los negociadores paraguayos. Uno de ellos había mencionado que con RTA “El Paraguay estaría en el mapa”, como un gran logro.

–¿El Gobierno debe dar prioridad a Rio Tinto?

–No, y tampoco debe ser el pilar de un plan energético. A falta de una política energética sustentable, de largo plazo, se debe fortalecer la infraestructura eléctrica para que el servicio sea atendido con calidad y continuidad a la ciudadanía y a las industrias paraguayas. Además, se debe evitar cometer errores del pasado y planificar y ejecutar obras con visión de largo plazo, para poder acceder al 50% de lo que nos corresponde en las binacionales. Si el sistema eléctrico está fortalecido, vendrán al país empresas como RTA u otras que generen mayor cantidad de empleos, en las condiciones beneficiosas para el Paraguay.

–¿ANDE y su sistema eléctrico están preparados para atender la exigencia de RTA y la creciente demanda eléctrica?

–La ANDE está rezagada con respecto a las necesidades de inversión para atender la creciente demanda vegetativa actual y se debe considerar que existen consumos reprimidos, principalmente industriales, que conforme se dispongan de condiciones de infraestructura irán sumando a la carga total y, además, se debe señalar que ya existen contratos firmados con cuatro pequeñas industrias electrointensivas; por lo que, sin RTA, la ANDE en los próximos años debe invertir fuertemente en infraestructura para atender la demanda y no con parches, como se está realizando ahora.

Por esto, RTA debe invertir por su cuenta para disponer de la infraestructura necesaria y no el Estado, puesto que su prioridad, a través de la ANDE, es garantizar el consumo interno del país y no solamente a una multinacional.

–¿Ud. cree que el gobierno de Lugo y ahora el de Franco encaran bien las negociaciones con Rio Tinto?

–No puedo opinar a cabalidad por el hermetismo y el secreto con que manejan. No puedo opinar sobre el alcance, pero genera dudas y suspicacias entre los especialistas del sector eléctrico. Hasta ahora se realizaron dos audiencias públicas en las que participé y los representantes paraguayos del ETI (Equipo Técnico Interinstitucional) se esforzaban por contar las bondades del proyecto sin abrir la discusión sobre posibles objeciones. Las negociaciones deben ser transparentes y claras. Se debe plantear en primer lugar cuáles son los puntos que benefician al país y que deben ser claves en las negociaciones, y no empezar hablando de los beneficios supuestos y planteando como interés nacional que RTA se instale en el país.

–¿Está de acuerdo con que el Estado corra con los gastos de infraestructura para la formación del parque industrial, puerto, líneas de 500, etc.?

–El Estado no debe correr con los gastos de infraestructura. Se debe fortalecer al sector eléctrico y evitar que sigan los cortes de energía, preparar una política energética con visión de largo plazo, al menos hasta el 2030, que garantice el suministro y el acceso al 50% de la energía de las binacionales y controlar que las obras se ejecuten en tiempo y forma.

–¿Está de acuerdo con el Presidente sobre la aplicación de una tarifa de entre 40 y 60 dólares el megavatio hora?

–No debe ser inferior a 58,22 dólares el megavatio hora (US$/MWh) en las condiciones de contratación actuales con Itaipú; y si las mismas cambian, podría llegar a 80 US$/MWh. La tarifa de 40 US$/MWh se obtuvo considerando que el Paraguay crecerá en su demanda de potencia solamente 2%, cuando desde el año 1990 hasta 2012 el crecimiento, en promedio, fue de 8%, y en el último año fue de casi 13%. La tarifa se debió determinar en la ANDE y en ningún caso puede ser inferior al señalado.

–¿Qué tarifa se maneja a nivel regional y mundial para las electrointensivas?

–Son variables, pueden ir de 15 US$/MWh a 100 US$/MWh, se deben considerar varios factores, como el tipo de fuente de generación, la abundancia del recurso energético, los costos, si la energía se entrega en las barras de generación o en las puertas del cliente, las distancias de transporte de la energía, el periodo en el cual se llega a su límite de generación, el nivel de tensión entregado y la calidad.

Después del 2028 estaríamos recurriendo a la generación térmica o alternativas cuyos costos oscilan los 120 US$/MWh. Por esto, la prioridad del Gobierno actual debe ser invertir en infraestructura pensando en largo plazo. RTA es un negocio comercial; si cumple las condiciones planteadas por el Gobierno con beneficios concretos –en las que la tarifa es fundamental–, cumple las condiciones exigidas y es controlado rigurosamente, resultaría conveniente su instalación; si no es así, el Paraguay no se hunde ni desaparece, no es lo peor, y tampoco es la única opción.

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