Nuestro diario accedió a documentos que certificarían las presuntas “coimas legalizadas” que se dan dentro de las entidades estatales a través del pago de honorarios por dudosas intermediaciones.
Se habla de “coimas legalizadas” porque en realidad se trata de contratos privados entre abogados o estudios jurídicos y proveedores o acreedores del Estado que tienen facturas por cobrar de instituciones públicas, lo que jurídicamente no representan hechos punibles. Sin embargo, la obligatoriedad de recurrir a este tipo de prácticas, con pagos de hasta el 15% de los montos totales a cobrar, por presuntos honorarios por “gestión”, puede ser calificada como uno de los hechos de corrupción dentro de las estatales.
De nuevo el Indert
A través de una fuente que nos merece crédito, se logró acceder al documento “contrato de prestación de servicios y pacto de honorarios”, que no es otra cosa más que un acuerdo entre un proveedor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) –cuyo nombre fue borrado por nuestra misma fuente– y el abog. Antonio Morínigo Almirón.
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En el contrato, el referido abogado se compromete a “proseguir los trámites administrativos” de un determinado expediente dentro del Indert para el cobro correspondiente por la venta de un inmueble.
“A tal efecto el ABOGADO (sic) deberá realizar las gestiones pertinentes ante el INDERT, el MINISTERIO DE HACIENDA y/o otras reparticiones de la Administración Pública que sean pertinentes, a fin de obtener la disponibilidad presupuestaria necesaria para el pago del precio indicado...”, dice parte del contrato. Asimismo, en la Cláusula Segunda, sobre los honorarios, dice: queda convenido en concepto de honorarios profesionales del abogado la suma equivalente al 15% sobre todo cobro percibido por el cliente, libre de impuestos, conforme al plan y condiciones que determina el Indert.
Dicho contrato sería una proforma a la que la mayoría de los proveedores y acreedores del Estado deben ceñirse necesariamente para cobrar sus haberes, obligados aparentemente por ciertos funcionarios públicos de turno.
Investigación
Para la ministra Anticorrupción, Soledad Quiñónez, prima facie estos contratos no representan hechos punibles porque son privados, es decir, son conductos externos a las instituciones.
Son 10% o 15% de los montos totales que lleva una persona sin necesidad alguna, ya que el Estado tiene la obligación de honrar sus compromisos, dijo la secretaria Anticorrupción.
Añadió que las investigaciones sobre este caso apuntarán a ver la frecuencia con que se llevaban a cabo estos contratos, a fin de determinar si son prácticas o modalidades comunes en la administración pública.
También se deberá determinar si existe complicidad de funcionarios, tráficos de influencias, extorsiones o chantajes que sí ya representan hechos que pueden ser atacados jurídicamente.
Quiñónez sostuvo que se investigarán todos los contratos de la administración pública desde agosto de 2013, o sea los correspondientes a la administración Horacio Cartes.
Por otro lado, recordemos que el mismo ministro Germán Rojas, en conferencia de prensa, instó a las empresas privadas a no pagar las intermediaciones por el cobro de facturas al Estado.