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Las acciones de las sociedades anónimas deben estar a nombre de cada propietario y no al portador como es actualmente. Solo de esta manera se podrá erradicar la práctica de los políticos de turno de recurrir a familiares o amigos para adjudicarse frecuencias de radios porque les inhabilita la Constitución Nacional.
Fue lo expresado por el Ing. Ernesto Samaniego, profesor jubilado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), con relación a las publicaciones de nuestro diario sobre los políticos que estarían utilizando prestanombres para tener radios AM y FM.
“Para evitar este tipo de maniobras, la nueva ley debe estipular que las acciones de las sociedades propietarias de medios de comunicación que usan ondas electromagnéticas (radio, TV, etc.) deben ser nominativas no endosables, que solo deben ser transferidas con autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En el caso de acciones controladas debería existir una especie de oferta pública de adquisición (OPA)”, expresó.
Las irregularidades en la cesión de frecuencias del espectro electromagnético del Estado –según dijo– se inician en la elaboración misma del pliego de bases. “Las licitaciones están amañadas para que puedan ser manipuladas internamente en la institución. Además de ser obsoletas técnicamente (se obliga a la utilización de métodos de cálculos de la década de los 60 siendo que actualmente existen medios informáticos más precisos, las propuestas presentadas, ya sean técnica, programática o económica, no se ajustan a lo que verdaderamente se implementa”, añadió.
De esta manera, se refirió Samaniego a la adjudicación de la radio AM en el 2012 a Myriam Bareiro, esposa del entonces vicepresidente de la República, Óscar Denis (PLRA), pese a que su propuesta no reunía los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, según el informe del comité evaluador. Carlos Gómez Zelada, titular de la Conatel en esa época, había argumentado que se equivocaron los técnicos. “Si se quiere lograr transparencia e imparcialidad en las adjudicaciones de las licencias habría que cambiar la metodología, lo adecuado sería recurrir, como se hace en otros países, a las subastas basadas en condiciones técnicas específicas”, indicó.
En cuanto a la facilidad con la que acceden los políticos de turno a una banda del espectro, Samaniego señaló que se debe a que los directores del ente regulador no consideran a la institución como organismos del Estado sino como órganos del Gobierno y como tal, obedecen. “Esperemos que con las modificaciones que se están proyectando a la Ley 642/95 se cambie la conformación del directorio, haciendo que cada uno tenga una función específica por períodos no coincidentes y que solo puedan ser removidos por el Congreso Nacional previo sumario administrativo. También habría que modificar el funcionamiento del Consejo de Radiodifusión de tal forma que sus acciones y resoluciones tengan mayor relevancia y que no siga siendo un mero organismo decorativo”, concluyó.
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