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Sin embargo, esta “jugada” también podría terminar beneficiándolos, teniendo en cuenta algunas circunstancias.
Por ejemplo, en una audiencia indagatoria, están exentos de decir la verdad y, como era de esperarse, ninguno reconoció haber dado la orden de ingresar al local del Partido Liberal.
Además, los uniformados están expuestos a ser procesados por el tipo penal de inducción a un subordinado a cometer hecho punible, pero no en carácter de cómplices del homicidio de Rodrigo Quintana.
Al ser citados en audiencia indagatoria y no como testigos, obviamente no van a declarar contra sí mismos, ni mucho menos relatar lo que realmente sucedió.
Si son llamados en audiencia testifical, sí tienen la obligación de decir la verdad, ya que en caso contrario se exponen a hasta 10 años de cárcel por falso testimonio.
Los comisarios que ya declararon son Tomás Paredes Palma, subjefe del departamento de Investigación de Delitos; Amado Cantero, jefe de la comisaría 3ª Metropolitana, y Prudencio Burgos Roa, director de la Primera Zona Policial.
El primero llegó a ingresar a la sede partidaria, mientras que los otros dos estuvieron en la zona, pero todos negaron haber dado órdenes.
La fiscala Lorena Ledesma rechazó que sea una forma de intentar desvincular a estos del hecho investigado, y dijo que los policías recibieron instrucciones por la condición “jerárquica”.
Querella adhesiva
El abogado Adolfo Marín se presentó ayer en la Fiscalía y anunció la presentación de una querella adhesiva de los padres de Rodrigo Quintana, el dirigente liberal asesinado.