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La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Humberto Peralta, salió ayer al paso de las afirmaciones del presidente de la Cámara de Diputados Hugo Velázquez (ANR), quien defendió los exorbitantes aumentos de ingreso otorgados a sus funcionarios, invocando la nueva matriz salarial.
Velázquez había mencionado que en la Cámara Baja lo único que hizo fue “sincerar los salarios” de acuerdo con lo sugerido por el Poder Ejecutivo.
La Secretaría de la Función Pública en un comunicado dijo que “el trabajo de sinceramiento salarial, consistente básicamente en mantener los mismos niveles de remuneraciones totales por funcionario en relación a lo percibido en el ejercicio fiscal 2015 en comparación con el ejercicio fiscal 2014”.
En declaraciones a la radio 780 AM, el ministro Peralta reconoció que la Cámara de Diputados distorsionó la herramienta legal sugerida. Al ser consultado por el periodista si qué título le pondría, respondió: “Esto es una estafa a la ciudadanía”.
Calificó como “antiética” e “irracional” la autoasignación de salarios sin respetar los criterios técnicos. “En la matriz salarial no estaba previsto este tipo de aumento salarial encubierto en algunas instituciones”, aseveró.
Aclaró que el caso de la Cámara de Diputados no es el único y adelantó que en unos días más se pondrá a disposición un informe sobre las instituciones que incumplieron la matriz salarial o se aprovecharon de ella.
Comentó que ya se inició un trabajo comparativo en el cual se analizan uno por uno a los funcionarios de Diputados, a fin de detectar el grado de variación de los salarios.
“Queremos que la ciudadanía sepa qué instituciones dieron cumplimiento al trámite de la matriz salarial, que en ningún momento ha sido impulsado para ganar más de lo que se venía percibiendo”, explicó. Recalcó que situaciones como estas –la que se da en Diputados– no contribuyen al “sinceramiento y adecuación salarial”, que es el objetivo final de la matriz salarial.
“Queremos que el sueldo sea la remuneración más importante, pero por supuesto que cuando hay instituciones que han aplicado la matriz a su mejor conveniencia, debe haber un responsable institucional y político”, refirió.
Lamentó que se haya utilizado “una herramienta técnica de principios de carrera de países avanzados” para blanquear a trabajadores con “privilegios irritantes”. “Es una falta ética, una falta moral de los servidores públicos si se están autoasignando remuneraciones por encima de lo que se previó en el concepto técnico de la matriz salarial”, aseveró.
Peralta adelantó la necesidad de “plantear algunas alternativas de solución” para evitar situaciones como las generadas en la Cámara de Diputados.
Sostuvo que la Secretaría de la Función Pública no está de acuerdo con “la tentación de llevar más agua al molino de alguna institución y favorecer a algunas personas”.
Gana más que un diputado
Con los incrementos salariales, la Cámara de Diputados aumentó en más de G. 30.000 millones su presupuesto para sueldo de funcionarios permanentes. De G. 65.580.000.000 en 2014 fue a G. 95.164.000.000 en 2015.
La situación llegó al colmo que un funcionario –el director administrativo Alfredo Mongelós– terminó teniendo mayor ingreso que sus jefes, los diputados. El funcionario percibe desde este 2015 G. 34.480.000, contra 32.774.840 que gana un legislador.
Con el incremento, supuestamente se iban a sincerar los salarios, pero lo que se hizo fue cuadruplicarlos y al mismo tiempo mantener los beneficios adicionales.
Al ser abordado sobre qué medidas se aplicarán contra los responsables, Peralta evitó hablar de tal posibilidad. Se limitó a señalar que se trabajará en una normativa para establecer taxativamente los topes de salarios de acuerdo a la categoría.
Fuerte advertencia
En un comunicado emitido ayer, la Secretaría de la Función Pública recordó que son las máximas autoridades institucionales (MAI) de cada una de las instituciones públicas las que tienen atribuciones legales de otorgar las categorías de cargos permanentes a cada funcionario con base en las disposiciones legales que rigen en la materia. La responsabilidad discrecional recae en él en su calidad de ordenador de gastos. En el caso de Diputados, el responsable es Hugo Velázquez.