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Refiere a amenazas, censura y persecución laboral, como hechos que afectan al derecho a la comunicación e información. Agrega que si bien la Constitución Nacional prohibe la censura previa y garantiza la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en situación de dependencia, hay patronales que aplicaron intransigente política de despidos contra comunicadores que intentaron realizar su labor con criterio independiente.
Menciona también la creciente violencia y la concentración mediática, que se profundizó con el gobierno del presidente Horacio Cartes. Todo eso, según el SPP, han tenido como estrategia complementaria en este periodo el hostigamiento y el recrudecimiento de las purgas contra trabajadores que han cumplido con su deber de informar sobre temas de interés público.