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El pedido de informes fue presentado por los senadores de Avanza País, Miguel A. López Perito y Adolfo Ferreiro, y fue aprobado ayer en el plenario durante la sesión extraordinaria.
La mayoría de los senadores levantaron su voz de alerta porque la ANNP otorgó la concesión de una parte del puerto de Villeta a PTP Group y Gregser Warrant SA, grupo empresarial argentino, cuyos representantes son Hugo René Gordone, Guillermo Misiano y Luis A. Leo. En enero pasado, estos representantes anunciaron que invertirán US$ 8 millones en el puerto en cuestión, como parte del contrato de concesión que firmaron con la ANNP.
López Perito y la senadora del PDP Desirée Masi manifestaron que aparentemente no hubo licitación y si se firmó realmente el contrato de concesión, no fue aprobado por ley como establece la Constitución nacional.
Para Masi realmente hubo una disfrazada privatización salvo que la ANNP informe que se hizo el contrato en el marco de la Alianza Público-Privada.
El puerto de Villeta tiene exclusividad para el ingreso de determinadas partidas arancelarias, como el caso de algunos agroquímicos, que en la práctica reportan millonarios ingresos en los cuales ahora tendrá participación el citado grupo empresarial.
Aunque los directivos del grupo anunciaron que invertirán US$ 8 millones, su contrato con la ANNP habla de solo US$ 4 millones, según indicó el abogado Gregorio Lezcano, miembro del directorio de la ANNP.
Sin embargo, en el primer año se estima que lo que el ente cobrará con la participación del grupo empresarial en su mayor puerto –en términos de infraestructura– será de solo US$ 200.000.
La ANNP, cuyo titular es Héctor Alfredo Duarte Chávez, tiene un plazo de 15 días para remitir el informe al Senado. Entre los puntos a contestar figura cuál fue el dictamen jurídico para la concesión.
Usufructo es de 20 años
El consorcio argentino PTP Group y Gregser Warrant SA, con el que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) firmó un contrato de usufructo por 20 años en el Puerto de Villeta, usa al personal, la maquinaria, el depósito, en resumen, todo el puerto; no obstante, en el ente público siguen negando que es una concesión no autorizada por el Congreso nacional.
Este consorcio se había comprometido a invertir US$ 8.000.000 en mejorar las instalaciones, pero solo alambró el depósito. El negocio es redondo porque usa todo el puerto y paga la irrisoria suma de US$ 5.000 mensuales en concepto de canon. El Ejecutivo debe contestar al Senado sobre estos puntos.