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Los millonarios montos perdidos solo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) podrían ser mucho más. Esto considerando que solo tomamos quince casos puntuales de adjudicaciones que se hicieron durante la era Efraín Alegre y que llamativamente de todas ellas ocho fueron para una misma empresa: Tape Guaraní SA, de Manuel Sarquis Cuquejo, las que una vez cobrado el anticipo financiero se declararon en quiebra y abandonaron las obras.
Este hecho alertó al actual procurador general de la República, Roberto Moreno, quien dijo que remitirá una nota a todos los ministerios a fin de tener un relevamiento de datos de todos los contratos que son incumplidos.
La Procuraduría es la institución que debe plantear la ejecución de las pólizas de los contratos, pero la que debe comunicar el incumplimiento de los contratos es la institución afectada.
Esto no sucede, o en todo caso se comunica una vez que la póliza haya prescripto y en ese caso ya nada se puede hacer.
Castigo a funcionarios
Es aquí donde se observa una abierta connivencia entre contratistas, funcionarios y las empresas aseguradoras, puesto que se dejan vencer los plazos o se plantean “defectos de forma” en la presentación de la ejecución.
El pasado 20 de setiembre el presidente de la República, Horacio Cartes, emitió un decreto por el cual se regula el procedimiento sumarial administrativo para la investigación y aplicación de las sanciones para los funcionarios públicos.
A criterio del procurador será una herramienta importante para detectar y castigar a los funcionarios que están en contubernio con las aseguradoras en detrimento de los intereses del Estado.
Se tiran la pelota
En plena campaña electoral saltó el tema de las obras adjudicadas por el exministro Alegre en el 2011, denunciadas por el exviceministro de Obras, Leoncio Rojas.
Alegre había firmado contratos por valor de G. 297.102.812.415 con quince empresas o consorcios distintos. Llamativamente, todas, una vez cobrado el anticipo financiero, un total de G. 63.531736.519, se declararon en quiebra.
Es aquí cuando se tuvo que haber ejecutado la póliza de anticipo financiero equivalente a la totalidad del monto desembolsado.
En la administración del exministro de Obras Cecilio Pérez Bordón responsabilizaron a Alegre por la desprolijidad y ligereza con que tomaron la decisión de adjudicar sin tener en cuenta si las aseguradoras habían hecho el reaseguro de la póliza de anticipo.
Ni siquiera tenían reaseguro
Tape Guaraní SA, firma que más contratos logró, operó con la aseguradora El Comercio SA, de Manuel Gamarra Elizeche, que, según informe de la Superintendencia de Seguros, tiene la calificación más baja en el mercado y solo había reasegurado el 10% en concepto del anticipo financiero y no sobre el total como establece el pliego de bases y condiciones de las licitaciones públicas.
En su defensa, Alegre tiró el fardo a Pérez Bordón, a quien acusó de no haber ejecutado las pólizas en tiempo y forma.
Ya durante la gestión de Enrique Salyn Buzarquis se intentó mover los casos, pero en su mayoría los plazos para la ejecución de las pólizas ya habían vencido.
Ahora la intención del procurador es trabajar en conjunto con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y las instituciones para tener un sistema coordinado e integrado.
Actualmente, la institución a cargo de Moreno ni siquiera tiene un archivo detallado de los casos pendientes y dijo que casi nada pueden hacer cuando los entes afectados no comunican los casos de incumplimiento de contratos y la necesidad de ejecutar las pólizas, para que la Procuraduría pueda actuar y así recuperar el dinero que el Estado desembolsó.
Consultado sobre la situación de las obras paradas y la ejecución de las pólizas, el actual viceministro de Obras, Walter Causarano, pidió más tiempo para interiorizarse y dijo que los casos estaban siendo manejados por el asesor jurídico del MOPC, Santiago Jure.
El toro por las astas
Mientras la Procuradoría General de la República no cuente con un sistema integrado y coordinado con todas las instituciones públicas para detectar los casos de incumplimientos de contratos, el tema de la ejecución de las pólizas seguirá siendo un negocio redondo para las empresas aseguradoras y el Estado será siempre el gran perjudicado.
En este caso también es importante la intervención de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), a cargo de Diego Martínez, que hasta ahora solo realiza eternas intervenciones a algunas empresas aseguradoras sin concluir sus trabajos de auditorías.