Solo dos de cuatro fiscales renunciaron para seguir ocupando puestos públicos

Los fiscales con permiso para ocupar cargos públicos son Jalil Rachid, actual viceministro de Seguridad Interna, y la ministra Anticorrupción Soledad Quiñónez. Ambas autoridades violarían la Constitución Nacional, artículo 270, que señala que tienen incompatibilidades iguales que los integrantes del Poder Judicial.

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Dichas incompatibilidades están descriptas en el artículo 254 de la Carta Magna, que indica que “los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna, ni desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos”.

El defensor del Pueblo Adjunto Édgar Villalba, a finales de abril último, remitió una nota al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Adrián Salas, refiriéndose a los fiscales que solicitan permiso para ejercer cargos públicos. En la misiva señaló que se trata de un acto ilegal ya que dicha figura no existe ni en la Constitución ni en el Código de Organización Judicial, ni en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Este hecho fue tomado en cuenta por el JEM que pidió los antecedentes para analizar el caso de esos fiscales que estarían incurriendo en mal desempeño de funciones.

Renunciaron

Luego de las publicaciones, hasta la fecha solo dos autoridades públicas renunciaron a sus cargos.

El primero en hacerlo fue el director de Migraciones Jorge Kronawetter, cuya renuncia al puesto de agente fiscal de la sede regional del Ministerio Público de Coronel Oviedo, Caaguazú, fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia en la sesión del 29 de marzo.

Lo mismo hizo la cuestionada ministra de Justicia Carla Bacigalupo. Ella solicitó al pleno de altos magistrados aceptar su renuncia al cargo de jueza penal de Garantías N° 2 de la Capital, a fin de seguir al frente del Ministerio. En la sesión del 5 de abril tuvo un visto bueno su pedido.

A criterio del defensor del Pueblo Adjunto, tanto Bacigalupo como Kronawetter deben seguir siendo investigados por el JEM, ya que el hecho de renunciar al cargo no borra el desconocimiento de la ley que cometieron al aceptar un cargo público, siendo fiscal y jueza respectivamente, a pesar de que la Carta Magna lo prohíbe.

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