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La Comisión de Prensa y Propaganda de la Cámara de Diputados organizó una audiencia pública para debatir el polémico proyecto de acceso a la información pública.
Ni siquiera la totalidad de los integrantes de la Comisión mostraron interés en debatir la normativa. Solamente estuvieron Cynthia Tarragó y Dany Durand, ambos colorados, y presidente y vicepresidente respectivamente del mencionado organismo asesor del Legislativo.
Mientras Hugo Rubín (PEN), Félix Ortellado, Víctor González Segovia y Jorge Baruja (colorados) ni aparecieron por el salón Comuneros donde se desarrolló la audiencia.
El proyecto de ley de acceso a la información pública es una iniciativa de la Cámara de Senadores. Fue presentado y aprobado con una celeridad poco usual en diciembre del 2013. Lleva la firma de los senadores Mario Abdo Benítez y Enrique Bacchetta, de la ANR; Blas Llano y Carlos Amarilla, del PLRA; y Arnaldo Giuzzio y Desirée Masi, del PDP.
Los legisladores aprovecharon la discusión que se había generado por la negativa de las instituciones públicas en hacer conocer a la ciudadanía la lista de funcionarios permanentes y contratados, con sus respectivos salarios, para aprobar la normativa.
Sin embargo el texto, como los al menos cinco anteriores que se trataron de hacer aprobar en el Congreso, se centra en la creación de la figura “información reservada”.
Además, en su artículo 12 establece que la persona que se presente en una entidad pública a pedir información debe identificarse y hasta proporcionar su domicilio real.
Crea el “Centro de Acceso a la Información Pública” como organismo dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo. El organismo, supuestamente será el encargado de garantizar el acceso a la información por medio de asistencia jurídica gratuita.
Desde hace 20 años en el Congreso se intenta sancionar una ley que regle el acceso a la información pública.
En el 2001, durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi (ANR) se logró sancionar y promulgar una ley, posteriormente, la misma fue derogada por presión de la ciudadanía.
El art. 28 de la Constitución garantiza claramente el acceso a las fuentes públicas de información.