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El español Alfonso Cavallé, de la Unión Internacional del Notariado, reforzó el reclamo al señalar que la regulación estatal es vital para un sistema judicial estable el cual se aplica en 87 países. Subrayó que los escribanos ejercen una función pública.
Pero al consultarle cómo se evitan en dichos países abusos como tarifas elevadas y la falta de servicios en distritos del interior, tal como denuncian críticos a este sector, señaló que el mismo Estado debe regular estrictamente el cobro así como la demarcación geográfica.
El citado proyecto de liberación, de Édgar Acosta (PLRA), se estudiaría en 30 días en Diputados.