Hace unos días, técnicos del Ministerio de Hacienda detectaron en el Presupuesto General de Gastos de 2006 un rubro de 50 mil millones de guaraníes, introducido en el Parlamento para el pago de deudas, sin especificarse el destino del dinero. No se sabe absolutamente nada de quién o quiénes serán los beneficiarios de esos 50 mil millones.

Lo mismo sucedió con la Ley 2730, que expropia las tierras administradas por Victoria S.A. en el Alto Paraguay, con la aparición de 3 fincas en el listado de fracciones afectadas por la medida, que están situadas fuera del polígono de expropiación.

Las fincas incluidas en la ley superan las 93 mil hectáreas, es decir, por sí solas tienen una superficie mayor que las 52 mil hectáreas expropiadas por el Parlamento.

El control del Ministerio de Hacienda permitió detectar esos 50 mil millones de guaraníes, y la confección de un plano para ubicar las fincas ayudó a comprobar una expropiación irregular.

¿Cuántas situaciones similares se filtran en el Congreso a través de maniobras mafiosas?

En este momento, Victoria S.A. no puede disponer de 130 mil hectáreas, que fueron expropiadas de hecho. La aberración cometida en la Ley 2730 obligará a modificaciones en el Parlamento. Según adelantó el ingeniero Erico Ibáñez, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el año próximo se solicitará al Congreso la modificación de la ley 2730 porque en las condiciones actuales no puede aplicarse.

Fueron los mismos técnicos del instituto agrario los que confirmaron que hasta el momento encontraron 2 fincas fuera del polígono de expropiación. Es cuestión de días para que también se topen con un tercero.

La modificación de la Ley 2730 obligará a un nuevo debate en torno a Puerto Casado, comunidad sumida en una pobreza absoluta, donde la ayuda gubernamental no pasa de asistencialismo. Los casadeños han perdido la posibilidad de trabajar en forma digna para convertirse en mendigos del Estado.

Para agregar mayor confusión, surgieron dirigentes de la iglesia Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial realizando una oferta de donación de 30 mil hectáreas de tierras, a cambio de derogar la ley de expropiación. Aunque se quiera, este paso no se puede dar en este momento, porque existen plazos legales que hay que cumplir.

Es así como el pastor Hirokazu Ota cometió la impertinencia de dar un ultimátum al Gobierno para que acepte o rechace la propuesta antes de fin de año, lo que, finalmente, se dio con una respuesta negativa.

La República de Corea tiene la reconfirmación de la falta de seriedad de la clase dirigente de Paraguay con la violación del convenio de promoción de las inversiones, firmado en 1992 entre estos dos países. El convenio forma parte del derecho positivo del país, porque fue ratificado por el Congreso Nacional.

Según el acuerdo, en caso de darse una expropiación, la empresa coreana afectada debe recibir una indemnización al contado, en el menor lapso posible y a precio de mercado. Ninguna de estas situaciones se tiene en el caso de Victoria S.A., sin entrar a considerar que esta expropiación nunca debió darse.

Es así como el ingeniero Erico Ibáñez confirmó que el Indert no previó un centavo para el pago a Victoria S.A. por las tierras expropiadas. En el año 2006, Paraguay no tiene previsto cubrir la deuda existente con la empresa coreana.

En el país, las cosas no están funcionando como deberían. La dirigencia política nacional tiene el mismo comportamiento que el avestruz, escondiendo la cabeza cuando existen problemas.

Ellos ocultan la cabeza, mientras estamos hasta el cuello en procura de salir del atolladero en que vivimos, resultado de la corrupción, la inoperancia y la mediocridad generalizadas de la clase política.