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Numerosos son los políticos colorados que ocupan cargos en los consulados, en contravención de las normas y en las embajadas.
Pese a las críticas sigue premiando la actual administración a sus aliados políticos con cargos en consulados y embajadas. Este tipo de designaciones con criterios partidarios conspiran contra la calidad del servicio exterior paraguayo y además frustran la carrera de los diplomáticos profesionales.
En noviembre último, Abdo Benítez nombró al exintendente de Horqueta y exdirigente cartista Arturo Urbieta como cónsul de segunda clase en Ponta Porá, Brasil. El mismo reconoció que no tenía idea de su nueva función.
Lo mismo pasó con el seccionalero abdista de Carapeguá, Héctor Figueredo Notario, nombrado el 27 de diciembre último cónsul general en Buenos Aires, cuando admitió que desconocía qué función iba a cumplir en su nuevo cargo. Inclusive, dijo que esperaba otro puesto público.
En noviembre último, el Ejecutivo repuso en el consulado de Puerto Iguazú, Argentina, al político colorado esteño, excartista, Magno Álvarez Alarcón. Él había perdido el puesto en el 2017 porque pasó a Colorado Añetete.
El 5 de diciembre pasado, por decreto 817, el político Jorge Antonio Coscia Saccarello, considerado amigo de la senadora colorada Lilian Samaniego, fue elevado a la categoría de cónsul general en Foz de Yguazú, Brasil.
Estas designaciones del actual gobierno violan la Ley N° 1335/99 del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay, que establece que los cargos consulares serán ocupados por diplomáticos escalafonados.
También transgrede la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ratificada por Paraguay en 1967, que establece en su artículo 1º, numeral 2, que “los funcionarios consulares son de dos clases: funcionarios consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios”. Por otra parte, en las embajadas (ver cuadro) permanecen varios políticos que fueron nombrados por el presidente Horacio Cartes.