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Ayer se realizó la sexta audiencia pública de candidatos a defensor del Pueblo. Los expositores fueron: Miguel Ángel Marecos, Beatriz Venialgo de Palacios, Raúl Monte Domecq, Edelmira Miño Lombardo, Federico Tatter, Edgar Villalba, Juan Bautista Rivarola y Clara Antúnez Ramírez.
En su exposición, Tatter historió cómo la figura del defensor del Pueblo se planteó en Paraguay y luego incluida en la Constitución Nacional de 1992. Indicó, no obstante, que se ha tardado mucho en la implementación de la figura constitucional, tal vez por “miserias humanas”, o por la realidad del bipartidismo existente.
“La Defensoría se transformó, en parte, en brazo ejecutor de algunas tareas que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a llevar a cabo. Por otro lado, ha desnaturalizado, porque una defensoría del Pueblo que no interpela, como se ha dicho acá, una defensoría que no interpele al Estado casi no tiene razón de ser”, dijo y agregó que para ser figura decorativa y burocrática, “no tiene razón de ser”.
Abogó por recuperar el espíritu original y que vuelva a defender al más débil frente al Estado, y que deje de ser una oficina que dio indemnizaciones a quienes no corresponde y que negó a quienes tienen derecho. Apuntó que las denuncias abundan sobre una mala política de indemnización. “La indemnización es apenas el primer peldaño de una política de reparación integral en derechos humanos”, concluyó.
Centro de atención permanente a víctimas
Antonia Beatriz Venialgo Jara de Palacios, postulantes a defensor del Pueblo que ayer expuso sus propuestas, señaló que su principal motivación es que hace 9 años presentó un pedido de indemnización para su padre que fue víctima de la dictadura y que hasta ahora no hay resolución de parte de la Defensoría del Pueblo. Explicó al plenario que ella se presenta como Beti Venialgo, que no tiene padrino alguno. De ser elegida propone crear un centro de atención permanente para víctimas de la dictadura y sus familiares y agilizar los trámites de pedidos de indemnización.