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“El arresto y detención sin orden judicial, facultando a la Policía para ello, sería un grave error y retroceso, pues la Policía no puede tener facultad para ello”, expresó y refirió a artículos 11, 12 y 175 de nuestra Carta Magna; artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7, que dispone que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por causas y en condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de Estados Partes.
Señala que dar la facultad de disponer de la detención de personas sin órdenes legales respectivas, “sería un peligroso retroceso”.
En la actualidad la PN “se encuentra en un estado de descomposición”, pues, muchos de sus cuadros “están ligados al narcotráfico y a la delincuencia común”.
Considera que la institución debe hacer méritos para acceder a la credibilidad de la ciudadanía, y, salvo excepciones amerita una reeducación en DD.HH.