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El Senado necesitaba ayer 30 votos como mínimo para rechazar el proyecto de ley que busca establecer un régimen especial y transitorio para la regularización de la tenencia y ocupación irregular de fracciones de los inmuebles que forman parte de las fincas que fueron expropiadas por la Ley 517/95 (Antebi Cue). El senador Silvio Ovelar (ANR) mocionó la votación nominal para identificar mejor quiénes de sus colegas estarían a favor de este cuestionado proyecto y quienes, en contra.
Un total de 29 senadores rechazaron el “blanqueo” de los ocupantes (9 colorados, 10 liberales, las bancadas completas del Frente Guasu, PDP y Encuentro Nacional y un voto de Avanza País). Solo dos apoyaron la sanción: (los colorados Julio C. Quiñónez y Gustavo Alfonso); hubo tres abstenciones: los colorados Derlis Osorio y Arnoldo Wiens, y la liberal Blanca Fonseca) y 11 ausentes (seis colorados, dos liberales, dos de Unace y uno de Avanza País). Faltó un voto.
Al sancionarse el proyecto de ley, el senador Luis A. Wagner (PLRA) se levantó y gritó: “¡Vivan los narcos!” Posteriormente, cuestionó la falta del voto decisivo para rechazar el “blanqueo” de la regularización de la tenencia y la ocupación irregular en las 224.000 hectáreas, ubicada entre Concepción y Amambay.
Otros senadores como “Beto” Ovelar y Adolfo Ferreiro (Avanza País) exteriorizaron su desacuerdo. Pero fue el senador Hugo Richer (Frente Guasu), quien expresó durante el debate previo que hay fuertes versiones de que la zona –fronteriza con Brasil– está ocupada por narcotraficantes, con lazos en la política y otros sectores. No quiso, sin embargo, dar nombres.
Identificar a ocupantes
El proyecto de ley autoriza al Indert a regularizar la tenencia y ocupación irregular de las tierras que están en manos de personas físicas que no son sujetos de la reforma agraria. Además, establece, en su art. 7, que la entidad realizará un registro de las personas afectadas que se hallan entre los denominados sujetos beneficiarios de la ley. También establece, en su art. 11, que el precio mínimo, que no podrá ser inferior a G. 4 millones por hectárea y no se podrá adjudicar superficies mayores a las 1.500 hectáreas.