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El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en octubre pasado. Según la exposición de motivos, el actual gobierno pretende establecer en esta propuesta el procedimiento para la liberación de la franja de dominio y modernización del ferrocarril.
El trazado del proyecto tiene una longitud total de 44 kilómetros y será a doble vía, en toda su extensión en trocha 1.435 mm, con cinco estaciones principales como la Estación Central en el centro de Asunción, y las estaciones del Jardín Botánico, Luque, Areguá y Ypacaraí, y con al menos cinco apeaderos en lugares intermedios entre las estaciones definidas en función de la demanda. Estarán ubicados en el marco de la histórica franja de dominio que corresponde al ferrocarril de conformidad con la Ley del 17 de junio de 1889 y la Ley Nº 1243/31.
Por ese motivo, para el Ejecutivo “es transcendental establecer los lineamientos para liberar la franja de dominio de la vía férrea, de acuerdo a los medios modernos de ubicación satelital, definir y enmarcar los fragmentos de inmuebles que se encuentran afectados al eje de la vía, como bienes de utilidad pública, con el objeto de emprender la tan anhelada reactivación y puesta en funcionamiento del ferrocarril, medio de transporte que, en otras épocas, constituyó un orgullo nacional”.
Sostiene que el procedimiento debe ser eficiente y eficaz, permitiendo la liberación pronta de la franja de dominio –que desde luego no puede ser ocupada por particulares– facilitando así la vuelta del ferrocarril a nuestro país luego de tantos años, como un signo inevitable de los nuevos tiempos. “Solo mediante el establecimiento de dicho procedimiento de liberación de la franja será posible que Fepasa (Ferrocarriles del Paraguay SA) como concesionario pueda avanzar en el proyecto de tren de cercanía, disponiendo de sus derechos como usufructuario de la franja de dominio y así pasar en una segunda etapa, a la construcción de las vías férreas y las estaciones del tren ligero”, señala.
Los pobladores afectados de Ypacaraí reclamaron porque el proyecto no prevé pago en concepto de indemnización.