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La sesión extraordinaria del martes está convocada para las 9:00. El proyecto de ley de financiamiento político, que ya fue aprobada en Diputados en febrero pasado, busca evitar que el “dinero sucio” producto de la delincuencia siga alimentando a los políticos, a los partidos y/o movimientos y a las campañas eleccionarias. Aumenta los requisitos para que una persona pueda candidatarse y además exige un mayor control en las finanzas de los partidos y/o movimientos. Además, se extiende el control a las internas, debido a que la vigente ley solo se refiere a las generales.
Varios senadores como Adolfo Ferreiro, de Avanza País, sostienen que es inconstitucional el proyecto de ley porque establece más requisitos para la presentación de candidaturas, que frena la participación ciudadana. Citó el caso de tener al día una auditoría contable, certificado por un profesional reconocido por la Secretaría de Tributación
Regula el subsidio
Con la ley de financiamiento que rige actualmente se subsidiará solo por voto emitido por cargos para concejalías, eliminándose el pago de subsidio por cargo a intendencia. Si se mantenía en vigencia el artículo 276 de la ley del Código Electoral referente al subsidio, se hubiera incrementado la suma por el aumento del jornal mínimo. Por ejemplo, con la Ley 4743/12, de Financiamiento Político, la ANR recibiría G. 24.611 millones menos que en las elecciones municipales del 2010.
Caso Linneo Ynsfrán
El Senado definirá este martes en sesión extra qué hacer con el rechazo del Ejecutivo a Linneo Ynsfrán, quien es el candidato propuesto por la Cámara Alta para el cargo de ministro de la Corte en sustitución de Víctor Núñez, quien renunció en diciembre de 2014. Hay dos posturas: ratificarse en la designación o pedir conformar una nueva terna.
El Ejecutivo sostiene que el Senado debe elegir a uno de los dos integrantes de la terna: los camaristas Emiliano Rolón o Miryam Peña, ambos colorados (al igual que Ynsfrán), hasta que Cartes preste su acuerdo. Es decir, sostienen la teoría de que la terna es vinculante. Varios senadores afirman que el Consejo de la Magistratura debe hacer un nuevo llamado.