Cargando...
El proyecto aprobado modifica los artículos 7 y 11 de la Ley Nº 5863/17 “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos”.
La propuesta fue presentada “sobre tablas” por los senadores Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista), Desirée Masi y Pedro Arturo Santa Cruz, ambos del PDP; Sergio Godoy (ANR, cartista) y Enrique Bacchetta (ANR, Añetete). El texto pasa ahora a la Cámara de Diputados.
Masi dijo que la Corte Suprema de Justicia argumentaba la imposibilidad de acción en caso de emergencias. Al mismo tiempo el Ejecutivo pedía modificar la ley vigente para poder asumir la tarea encomendada en principio al Poder Judicial. No obstante, la legisladora opositora advirtió que esta ley necesitará más modificaciones ya que, en paralelo, una Comisión Nacional de Reforma Penal debate modificar el Artículo N° 245 del Código Procesal Penal sobre los casos para aplicar medidas alternativas a la prisión en el marco de la crisis penitenciaria declarada por el Poder Legislativo.
Masi también advirtió que este cambio no garantiza una solución total. Subrayó que el sistema de monitoreo “es caro” y destacó que en la mayoría de los países de la región se utiliza en casos de violencia doméstica.
El senador Víctor Ríos (PLRA, efrainista) advirtió que si la ley no contemplaba la obligación en casos puntuales, el Poder Ejecutivo podría poner trabas, argumentando falta de fondos.
Su propuesta no fue incluida. Recalcó que con este programa, Uruguay prácticamente eliminó casos de feminicidio.
El legislador oficialista Bacchetta, otro de los proyectistas, respaldó la propuesta de Masi y fue aprobada por amplia mayoría sin mucho debate.
El proyecto de ley exige al Ejecutivo reglamentar este artículo en menos de 60 días una vez sancionado.
Piden que FF.AA. sean “guardias”
El senador Abel González (PLRA, llanista) presentó un proyecto de ley para que los efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) pasen a ser guardias de instituciones estatales, penitenciarías y guardaespaldas de autoridades “selectas”. Argumentó que su intención es que 400 agentes policiales vuelvan a proteger a las personas y los bienes privados.