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El proyecto plantea el nombramiento de un director nacional de Catastro y Registros Públicos y la regularización de títulos por vía administrativa. Ante la complejidad del tema, la bancada de Avanza País en el Senado, integrado por Adolfo Ferreiro y Miguel A. López Perito, decidió organizar una audiencia pública para conocer opiniones de los interesados y tener otras visiones sobre este tema.
La reunión será a las 09:00 en la sala de sesiones o en la sala bicameral del Congreso, atendiendo que coincide con otra audiencia pública para escucha a los candidatos a defensor del Pueblo.
El senador López Perito manifestó que entre los aspectos más resaltantes del proyecto de ley se destaca la creación del Sistema Nacional de Catastro y Registro Público (Sinacare), que estará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare).
Según la propuesta del Ejecutivo, la Dinacare estará a cargo de un director nacional elegido por el Ejecutivo sobre la base de una terna vinculante, enviada por el Poder Judicial.
También, junto a la Dirección General de Catastro y la Dirección General de Registros Públicos se crea una tercera dependencia, que es la Dirección General de Regularización, que tendría a su cargo la regularización de títulos por vía administrativa. Este artículo será uno de los más debatidos.
El proyecto consta de 242 artículos y la fundamentación presentada por el Ejecutivo resalta que los objetivos son “el uso eficiente del recurso tierra y brindar las bases para un mejor ordenamiento territorial del Paraguay, otorgándole seguridad jurídica a la tenencia de la tierra”.
Con relación a los objetivos específicos, estos son el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los títulos de propiedad de los inmuebles, reducir las barreras para la inscripción de transacciones en el Registro de Inmuebles y formalizar, actualizar y mantener registros catastrales confiables en el país.
Actualmente, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), que forma parte del Poder Judicial, está regulada en la Ley 879/1981 (Código de Organización del Poder Judicial) y no tiene autonomía administrativa y financiera.