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El proyecto, que pasa a la Cámara de Diputados para su revisión, autoriza al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) a invalidar los títulos expedidos pero también autoriza al ente a validar los estudios, certificados o constancias académicas de los alumnos estafados.
Al presentar la propuesta, la senadora Blanca Ovelar (ANR) reveló que existiría una rosca de funcionarios del Congreso contratados como “asesores” para presentar y “negociar” proyectos de ley que habilitan institutos superiores y universidades.
La legisladora señaló que la ley que deroga el Instituto Latinoamericano en realidad se creó para el “Instituto Superior Santa Clara de Asís”, que posteriormente consiguió otra ley que la elevó a “universidad”. Explicó que Santa Clara de Asís conservó su habilitación anterior y que posteriormente se la “negoció” o vendió para la otra entidad.