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El líder de la bancada “C” del PLRA declaró que el ofrecimiento se realizó a nivel general y que los emisarios de los miembros de la Justicia Electoral eran de la misma institución, aunque tampoco descartó que sus propios colegas hayan operado para el efecto.
Asimismo, el parlamentario reveló que sus dirigentes de base recibieron ofrecimientos de cargos para la Justicia Electoral con la condición de que lo abandonen y pasen a formar parte de otro movimiento liberal que responde a los ministros de la instancia electoral, del cual prefirió no mencionar.
El grupo de 32 diputados que votaron en contra del juicio político a los miembros del Tribunal Superior tiene asegurado sus cupos en el órgano electoral. Existen versiones de masivas descontrataciones de funcionarios, cupos de contratados de los que se dice sería para ubicar a los operadores de los diputados que salvaron a Jaime Bestard (ANR), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y a María Elena Wapenka (PRF).
Los magistrados electorales fueron denunciados por prevaricato y mal desempeño de funciones. La principal objeción fue la decisión de los miembros del TSJE de aceptar la renuncia de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR, cartista). Usurparon funciones de la Junta Municipal de Ciudad del Este para llamar a elecciones.
La maniobra de los miembros del TSJE era para frenar en la Cámara de Diputados el tratamiento del pedido de intervención municipal de Ciudad del Este.
La Justicia Electoral tiene presupuestado para este año en jornales y honorarios profesionales (personal contratado) la suma de G. 73.572 millones, es decir que dispondrá de G. 94.395.403 más que el anterior periodo, en el que se realizaron las elecciones generales.