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La Contraloría General de la República, en un análisis hecho a fines del 2006, concluyó que no existe correspondencia entre las seis declaraciones juradas del hoy senador colorado Víctor Bogado, que abarca desde setiembre de 1994 y octubre de 2006. El documento está agregado a la causa abierta por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio, quien fue reemplazado por Luis Piñáñez.
El dictamen del órgano contralor, en donde se resalta que el legislador colorado nunca declaró el valor de los inmuebles y vehículos, no hace sino fortalecer la sospecha de presunto enriquecimiento ilegítimo. Este hecho punible está castigado en nuestra legislación penal de uno a diez años de cárcel. También con la inhabilitación para ocupar cargos públicos y el comiso de bienes.
La Contraloría (ver facsímil) dictaminó que no hay correspondencia entre la primera y segunda declaración de Bogado; tampoco entre la segunda y tercera; ni la tercera y cuarta y menos entre la cuarta y quinta y entre esta y la sexta. La última declaración corresponde a octubre de 2006.
Meteórico aumento de patrimonio
En 1994, al ser nombrado jefe de mantenimiento de Antelco presentó su primera declaración jurada. Consignó un salario de G. 1.088.000 mensuales (el mínimo era de G. 347.000), un vehículo Kia Capital valuado en G. 26.000.000 y una deuda por el mismo automotor de G. 12.000.000 a Gunder SA. Declaró, además, un pequeño ahorro de G. 2.450.000 en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y nada de inmuebles. En ese entonces vivía en la humilde casa materna ubicada sobre 24ª Proyectada y Nuestra Señora de la Asunción, barrio Tacumbú de Asunción.
En 1999 presentó su segunda declaración en la que ya figuran cuatro inmuebles, dos en Asunción, uno en Lambaré y otro en Areguá, además de cinco vehículos de diferentes marcas. Su remuneración alcanzaba G. 6.114.800.
Su tercera manifestación de bienes la presentó en el 2002, cuando fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Su salario era de G. 12.704.400. Consignó la compra de dos nuevas propiedades, una en San Bernardino y otra en Asunción (distrito La Encarnación). Su ahorro había aumentado a US$ 30.136 y G. 154 millones.
En la cuarta declaración, en 2003, cuando fue electo diputado, declaró un nuevo inmueble en el distrito San Roque de Asunción, una camioneta Toyota y un Mercedes Benz E 300, año 2000, un ahorro de US$ 58.404 y G. 219.000.000; y en la quinta manifestación, en 2005, declaró los mismos bienes y ahorros anteriores.
Curiosamente, desde que está en la mira de la fiscalía los bienes que en un principio figuraban a nombre del legislador, fueron pasando a manos de otras personas. A esto se suma el caso de algunos allegados, como su madre Teódula González Martínez, quien de desempeñarse como una humilde limpiadora del Hotel Guaraní en los 90, pasó a ser propietaria, por ejemplo, de un costoso terreno en la exclusiva zona del Yacht, con vista al río Paraguay.
Una investigación hecha por nuestro diario descubrió otro millonario allegado a Bogado. Se trata de Miguel Carballo, un humilde mecánico que funge de asesor de Bogado y en los papeles es propietario de un shopping en el barrio Manorá, valuado en unos US$. 3.000.000.
Según fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos, los bienes de Bogado se van a someter a una pericia contable. En la carpeta fiscal está agregado el descargo que hizo el legislador con respecto al dictamen y que lo presentó con el patrocinio del abogado Óscar Latorre, exfiscal general del Estado.
Tampoco se descarta que se pidan informes actualizados a la Contraloría a cargo de Enrique García. Se podría solicitar la actualización de la declaración jurada de Bogado, entre otras cosas, según indicaron a nuestro diario las fuentes.
En junio de este año, cuando nuestro diario publicó una serie de notas sobre los bienes del legislador, este prometió publicar su última declaración de bienes, presentada en el 2013 cuando asumió una banca en el Senado.
El legislador en aquel entonces se presentó como un perseguido. Hasta ahora no cumplió.
Presunto testaferro
El “asesor” Miguel Carballo ahora está en la mira de la fiscalía por una nueva causa, la de sus bienes que no puede justificar.
El fiscal Martín Cabrera tiene otra causa abierta en su contra. La investigación es por cobro indebido de honorarios, ya que cobró sueldo en Diputados (donde figura hasta hoy) cuando Bogado ocupaba una banca en la Cámara Baja y también en la Municipalidad de Asunción.
El abogado Francisco Segura, otro allegado de Bogado, presentó una demanda por cobro de US$ 300.000. Este dinero habría prestado Carballo a un político para la campaña electoral con miras a los comicios de 2013.
El propio fiscal Cabrera ya amplió la investigación al presunto testaferro, mediante pedidos de informes a diferentes entidades bancarias y Registros Públicos.