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La serie de ataques y contraataques entre la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo, con el rechazo al candidato a la Corte Suprema Linneo Ynsfrán y el polémico cambio de Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados avivaron la interna partidaria colorada.
Esta pelea se refleja en el Congreso por el hecho de que en el Senado, con el G-15, tiene amplia mayoría la disidencia colorada, en tanto que, en la Cámara de Diputados, tienen total primacía los sectores leales al Presidente de la República.
En ese contexto, en los últimos días varios diputados, desde el mismo presidente del cuerpo legislativo, Hugo Velázquez, lanzaron fuertes cuestionamientos por las actitudes políticas que consideraban hipócritas y oportunistas de parte de varios senadores que ahora están en la disidencia.
Uno de los hechos que molestó particularmente a los diputados es que en el Senado se hable de distribuir cargos, como los de contralor general de la República y defensor del pueblo, que pasan por la decisión también de la Cámara Baja.
Según trascendió ayer, en la sesión ordinaria de esta mañana de la Cámara de Diputados, legisladores colorados se referirán a esta cuestión, especialmente para advertir a la ciudadanía de que los supuestos pactos que se “cocinan” entre la bancada colorada G-15 del Senado y el G-11 de la oposición en esa misma cámara, no tendrá ninguna virtualidad, porque ellos no lo admitirán.
Designación compartida
De acuerdo a lo que dispone el artículo 281 de la Constitución Nacional, el contralor y subcontralor general de la República son designados por la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, con idéntica mayoría. Por su parte, el defensor del pueblo, de acuerdo al artículo 277 de la Constitución, es nombrado por mayoría absoluta de dos tercios de la Cámara de Diputados de una terna propuesta por el Senado. La ley reglamentaria también prevé la figura del defensor del pueblo adjunto.