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Ezequiel Santagada, abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en derecho ambiental por la Universidad Católica Argentina, es director de la organización no gubernamental Instituto del Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
En una reciente exposición realizada en Itaipú Binacional, en la cual participaron productores del Alto Paraná, Santagada expresó que el Decreto 453/13 del Poder Ejecutivo “es una norma que viene a ordenar la casa”.
Según el diario electrónico de Itaipú, el Ing. Carlos Javier Barboza, director de la división de educación ambiental del ente binacional, expresó que la reunión con el Abog. Santagada tuvo como finalidad “poner a conocimiento de los productores, clarificar la ley y los procedimientos, de tal forma a propiciar que los mismos puedan producir tranquilamente en un marco legal”.
Para lograr este objetivo, Itaipú Binacional contrató los servicios de IDEA, cuyos consultores tuvieron a su cargo brindar detalles sobre el Decreto 453/13.
¿Orden en la casa?
Siguiendo el artículo del diario electrónico de Itaipú se puede leer lo siguiente: “Ezequiel Santagada, de la consultora IDEA, manifestó que con el Decreto 453 lo que se pretende es priorizar la protección ambiental, dejando de lado las actividades que tienen muy bajo impacto ambiental”.
Agregó que “estamos seguros de que esta norma viene a ordenar la casa. Hoy por hoy está sujeto a una evaluación de impacto ambiental desde la construcción del baño del fondo de una casa hasta la represa de Itaipú”.
Dijo además que “eso no puede ser, porque no hay relación de proporcionalidad entre una cosa y otra, y eso es lo que viene a dejar de lado esta norma”.
Siguió diciendo que “a partir de ahí no generar un procedimiento burocrático que atosigue a los productores pero que sí ponga los puntos sobre las íes cuando pueda haber un impacto ambiental significativo”.
Según el criterio de Santagada, el dragado de un curso de agua tiene un impacto ambiental muy bajo, por eso se dejó de lado la obligación de realizar una evaluación.
El Decreto 453/13 abre la posibilidad de destruir los pantanos cuando habla de que la Seam puede otorgar permisos para secar o drenarlos. La Ley 350/94, en cambio, habla de la necesidad de preservarlos.
Contrariamente a lo que dijo Ezequiel Santagada, el Decreto 453/13 no puso “orden en la casa”; más bien creó un espacio ilegal en que leyes ambientales pueden violarse con el amparo de un decreto.
Ordenamiento jurídico
Ezequiel Santagada es egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene una especialidad en derecho ambiental.
El más burro de la promoción de cualquier facultad de derecho conoce la prelación jurídica existente: la ley tiene prevalencia sobre un decreto.
La distorsión que pregona Santagada queda claro con la siguiente expresión: “no hay relación de proporcionalidad entre una cosa y otra, y eso es lo que viene a dejar de lado esta norma” en alusión al Decreto 453/13 (negritas son nuestras).
La única forma de cambiar una ley es con la sanción de otra ley, atribución exclusiva del Congreso Nacional.
La administración de Horacio Cartes lo que hizo fue modificar todo un marco jurídico ambiental con la promulgación de un decreto que deja de lado normas específicas de protección.
Y Santagada defiende lo que es absolutamente indefendible: el cambio de leyes a través de un decreto.
El director de IDEA es abogado y sabe que es imposible alterar las leyes por la vía de un decreto.
¿De qué le sirvió su especialización en la Universidad Católica?
Salvo que tenga bien claro por qué defiende esta falacia no se puede admitir ignorancia en un profesional del derecho sobre la prelación de las leyes.
Violación de las leyes
El Decreto 453/13 del Poder Ejecutivo es una suma de errores. En un documento único se estableció un nuevo marco regulatorio ambiental.
Se utilizó como excusa reglamentar la ley de impacto ambiental; sin embargo, la administración Horacio Cartes lo que hizo fue modificar por completo la normativa de preservación de la biodiversidad.
Hay problemas en la Secretaría del Ambiente, los estudios de impacto ambiental giran alrededor de una burocracia terrible, pero la solución no es promulgar normas que violan las leyes.
Supuestos especialistas que defienden esta posibilidad lo que hacen en realidad es mayor daño al estado de derecho.
Un decreto no puede cambiar una ley, así de simple.
roque@abc.com.py