Cargando...
Dionisio Chávez Altuman y Gloria Chávez, padre e hija, decidieron a inicios del 2013 adquirir una propiedad de 492 Ha. a orillas del río Pilcomayo, a 148 kilómetros de Asunción. El predio está ubicado en la jurisdicción de la comunidad de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes.
Los nuevos propietarios rápidamente tomaron posesión y comenzaron a introducir mejoras en la propiedad, hasta que un buen día se enteraron de que una persona identificada como Noelia Mendoza Vargas, hija de la jueza de paz de la comunidad María Magdalena Vargas, se declaró propietaria del terreno recientemente vendido, y solicitó a la jueza en lo civil y comercial de Villa Hayes, María Justina Venialgo, una orden de no innovar alegando ser ocupante histórico del terreno, que según ella, es fiscal.
La mujer presentó una copia de un pedido de mensura hecho al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), no solo de la tierra de los Chávez, sino de otras cuatro propiedades colindantes. En total son 1.470 hectáreas las pretendidas por Mendoza Vargas.
La mujer acercó al juzgado fotos de supuestas mejoras introducidas en la propiedad para sostener su pedido.
Ante esta situación, los Chávez acercaron al juzgado todos los documentos referentes a la propiedad, pero la jueza Venialgo cuestionó que no se le haya presentado el certificado de adjudicación debidamente inscripto en los registros públicos, e hizo lugar al pedido de Noelia Mendoza otorgando la medida de no innovar.
Los Chávez alertaron a la jueza de que las fotos presentadas por Mendoza Vargas corresponden realmente a la estancia vecina Ybyrayu, propiedad de la familia Pino, pero según los afectados, nada de eso se tuvo en cuenta.
Según el expediente, la mujer dijo que invirtió G. 800 millones en la construcción de un casco para la estancia, instalación de alambre, entre otros.
Mientras el Indert desestimó el pedido de mensura al verificar que la propiedad solicitada está titulada. El documento se presentó al juzgado para intentar revocar la medida de no innovar, pero fue imposible. Los Chávez adquirieron el predio de Tomás González Flores.
“Hace más de un año de nuestro calvario. Hemos gastado más de 200 millones (guaraníes) para tener servicio de energía, agua, camino interno, y no podemos disponer de nuestra propiedad”, dijo Gloria Chávez.
Manifestó que un poblador de la zona, Gregorio González, que estaría instrumentado por Mendoza Vargas, metió sus animales a la propiedad, y se niega a abandonarla.
Los propietarios del terreno ahora recurrieron al Tribunal de Apelaciones que está integrado por los jueces Daniel Gómez, Lucio Portillo y Darío Estigarribia, y esperan que esta instancia finalmente tenga en cuenta los documentos que prueban que ellos son los verdaderos dueños de la propiedad en litigio.
Escuchamos su denuncia
Casos como el que denuncia la familia Chávez abundan en estos momentos en el país por el alto valor que van adquiriendo las propiedades. Las roscas son integradas por jueces, fiscales y dirigentes políticos que utilizan sus influencias para quedarse con valiosas propiedades. Nuestro diario pone a disposición de sus lectores la dirección de correo investigación@abc.com.py para realizar denuncia, ayudar a sacar a luz los casos y desenmascarar a las personas que se valen de su posición para quedarse con bienes ajenos.