La determinación tomada por los senadores de autorizar al presidente del Congreso el pago de las dietas y gastos de representación caídos por el periodo constitucional 1998-2003 debe ser resuelta por la justicia, según la postura del senador encuentrista Emilio Camacho. La disposición que favorece a Alejandro Velázquez Ugarte, quien no pudo ocupar su banca, a partir del mes de abril del año 1999, y al senador titular Amado Enrique Yambay, quien fue suspendido en sus funciones por orden judicial. Ambos deberían recibir aproximadamente 800 millones de guaraníes del dinero público.

Conforme a las declaraciones de Camacho, Carrizosa antes de cumplir con la autorización debe consultar a la justicia, "porque es este poder el custodio de la ley y es el que debe determinar cuánto le corresponde a cada uno y, sobre todo, quiénes son los responsables de los daños causados", indicó.

A propósito, explicó que la Constitución Nacional es clara cuando establece en su artículo 106, que los funcionarios públicos son responsables de los delitos que cometieran en el ejercicio de sus funciones.

Camacho explica que a la luz de esta disposición, la justicia debe investigar quién o quiénes fueron los responsables que durante el periodo 1999/2003 el Senado de la Nación funcionara solo con 44 miembros en vez de 45 como dispone la misma Carta Magna.

A su juicio, son aquellos senadores que permitieron sesionar solo con 44 miembros los que deben resarcir los daños y perjuicios ocasionados a los que fueron excluidos. En ese periodo fueron presidentes del Senado los colorados Juan Carlos Galaverna y Juan Roque Galeano. Incluso "Calé" admitió que no era legal que funcione el Senado con 44 miembros, pero se ufanaba que mientras él era presidente no permitiría que Velázquez Ugarte ocupe su banca. La decisión de Galaverna fue acompañada por senadores liberales y encuentristas que estaban aliados en el gobierno de unidad nacional, que quedó con el poder luego del golpe del 99.


DISPOSICIONES SON LEGALES

Al ser requerido Camacho si alguna persona o institución puede pedir la nulidad de las disposiciones tomadas en ese periodo por el Senado, aclaró que no, "porque fueron tomadas con el quórum correspondiente".