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Las movilizaciones simultáneas rompieron la quietud de la cárcel militar de Viñas Cue, separadas solamente por una línea de asfalto del amplio espacio verde ya arrendado a la firma San Francisco SA (Puerto Privado Caacupemí). Por un lado, los sintechos con carteles que repudiaban a los que se “oponen al progreso de Viñas Cue y Zeballos Cue”, y al otro, a unos 100 metros, una ruidosa protesta de los zeballenses, que por momentos cerraron la calle, encabezados, entre otros, por el presidente de la seccional colorada de Zeballos Cue, Jesús Lara. En este frente estaban también los concejales Elvio Segovia, del Partido Democrático Progresista, y Miryam Ferreira, del Partido Patria Querida, y el diputado colorado cartista Óscar Tuma, quien se fue a apoyar. En medio de ambos bandos, la policía hasta con efectivos antimotines trataba de mantener el orden.
Los sintechos, que están con un proyecto de construcción de 300 departamentos, también usufructuando una porción de la propiedad del RC-4 Acá Carayá, pero en el lado opuesto a la fracción alquilada, sostenían que “los politiqueros”, como Lara, están tratando de impedir la concreción del proyecto habitacional, y expresaron su apoyo al arriendo porque la firma favorecida les ayudará a ellos, según dijeron. Los zeballenses en cambio decían que salían a manifestarse para defender el medio ambiente, “un pulmón de la ciudad”, y advertían de las nefastas consecuencias que traería el funcionamiento de un puerto privado en el lugar, donde también está pegada la planta de tratamiento de agua de la Essap, y repudiaron a la ministra María Liz García por la cesión del terreno. El contrato de alquiler fue firmado el 26 de diciembre último.
Pedirán informe a Defensa
El diputado colorado Óscar Tuma, presente en la movilización de los zeballenses, anunció que el miércoles próximo planteará a la Comisión Permanente del Congreso que apruebe un pedido de informe al Ministerio de Defensa, sobre el arriendo de las 37 hectáreas del predio del RC-4 Acá Carayá, ubicado en Zeballos Cue. “La concesión se hizo a espaldas de la ciudadanía y además no existe estudio de impacto medio ambiental”, expresó el parlamentario. Por su parte, los concejales Elvio Segovia y Miryam Ferreira dijeron que promoverán una audiencia pública sobre el caso y que pedirán explicaciones a la ministra de Defensa, María Liz García. Esta, al ser consultada días atrás sobre el arriendo, alegó que no tenía porque informar sobre un acto administrativo, pero dijo que estaba dispuesta a mostrar toda la documentación sobre la transacción.