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Las obras que refiere la verificación técnica in situ por técnicos de la Contraloría fueron ejecutadas en los ejercicios fiscales del 2012 al primer semestre del año 2015. El informe del órgano contralor refiere que el 3 de diciembre de 2013 la Municipalidad de Ñacunday, representada por Pedro Duarte Ríos (ANR), y la empresa A.R. Construcciones (siendo contratista Antonio Ruiz) firmaron un contrato, por la vía de la contratación directa, para la obra “Empedrados en Itaipyté”, por G. 119.811.466.
Los auditores de la Contraloría General observaron menor cantidad de obra ejecutada, resultando una diferencia de pago por exceso de G. 10.353.000.
El 29 de agosto del año 2012, en la localidad de Paranambú, distrito de Ñacunday, se firma contrato por contratación directa entre la Comuna citada y la empresa Constructora Flores, para la obra “Construcción de Empedrado en Itaipyté”, por un monto de G. 105.622.600.
Tras la verificación ocular física de la citada obra, se observó menor cantidad de obra ejecutada que la contratada, resultando así una diferencia de pago por exceso de G. 19.982.599.
El 9 de noviembre de 2014 la Comuna de Ñacunday firma contrato con la empresa Constructora Flores, representada por Sergio Flores, por la vía de la contratación directa, para la construcción de una capilla en la compañía Chacoré 1ra. Línea, por un monto de G. 91.616.657.
La verificación realizada por los auditores arrojó como resultado menor cantidad de obras ejecutadas que la contratada, lo que produjo una diferencia de pago por exceso de G. 15.843.596.
La Contraloría General de la República pide al Ministerio Público que inicie las investigaciones sobre presuntos indicios de hechos punibles contra el patrimonio de la Municipalidad de Ñacunday.
Para ello remitió todos los antecedentes y documentaciones que elaboraron los auditores que visitaron los lugares donde se construyeron las obras mencionadas.
En las últimas semanas el órgano superior de control remitió al Ministerio Público varios reportes de indicios de hechos punibles para verificar y determinar si hubo comisión de delito contra el patrimonio público de varias municipalidades de la República. Es de esperar que el organismo investigador se aboque a la tarea de determinar si realmente hubo delito en esos casos.