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Para acabar con ese problema, la Corte estableció la realización de sorteos a través de un sistema informático, lo que logró hacer las designaciones más justas, transparentes y reducir la corrupción. Este mismo procedimiento lo puede adoptar el Ejecutivo, atendiendo que cada institución trabaja con sus subastadores y eso termina en polémicos procesos, como el caso de Aduanas, que vendió 135 vehículos en un promedio de G. 40.000 cada uno”, explicó el profesional.
Agregó que lo que ocurrió en Aduanas se repite en otras instituciones. “En los entes públicos se conforman comités de remate y cada uno trabaja con subastadores amigos y fácilmente se digitan los remates. Esto se reduciría si el Gobierno sortea los rematadores para cada proceso y esto se puede hacer con ayuda de la DNCP”, explicó.