Reforma de la Corte e inseguridad en el norte como telón de fondo del encuentro

El encuentro de presidentes de poderes del Estado esta mañana en Palacio de Gobierno fue convocado también para tratar sobre la creciente inseguridad que hay en el norte del país y la reforma de la Corte, dos temas altamente sensibles que involucran a las tres instancias del Gobierno.

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En el Congreso están parados desde mediados del año pasado el pedido de juicio político a los ministros de Corte: los liberales Oscar Bajac y Sindulfo Blanco y el colorado César Garay Z. Los diputados presentaron la acusación pero la disidencia colorada en el Senado junto a la multibancada opositora congeló el trámite, sosteniendo que era una movida del Ejecutivo para tener una Corte Suprema a medida.

Desde hace algunas semanas, pasadas las internas partidarias, en el Congreso se reactivaron las conversaciones para la renovación de la máxima instancia judicial. Paralelamente con el apoyo de Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se reactivó el proceso para llenar la vacancia que generó en la máxima instancia judicial la renuncia de Víctor Núñez.

Después de meses de estar parado, el Consejo de la Magistratura conformó y derivó a la Cámara de Senadores la nueva terna para elegir al reemplazante de Núñez.

La conformación de esta terna y la elección del sustituto de Núñez es considerado en el Ejecutivo como el primer paso para iniciar la renovación de la Corte. Aseguran que el segundo paso será destrabar en el Senado el juicio político a los tres miembros de la Corte y llamar a concurso para llenar las vacancias.

Inseguridad en el norte

El otro tema sensible que figura dentro de la agenda de poderes es la creciente inseguridad en el norte del país.

En el Congreso los parlamentarios exigen resultados a la Fuerza de Tarea Conjunta y ya no están convencidos de seguir dando su respaldo al grupo como al principio. Incluso la semana pasada los diputados del PLRA anunciaron formalmente que querían resultados concretos en el combate a los delincuentes en el norte porque de lo contrario tomarían decisiones drásticas.

En ese contexto se maneja que los parlamentarios presenten un proyectos de ley para derogar la legislación que autoriza la creación de la Fuerza de Tarea de Conjunta y que los militares participen en cuestiones internas de seguridad. En el Ejecutivo dan como un hecho que estos temas también serán conversados por los presidentes de los poderes.

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