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El presidente de la comisión Ramón Romero Roa (ANR) justificó los dictámenes señalando que la postura que tenían era siempre permitir que la Justicia pueda investigar cualquier denuncia contra un parlamentario.
Respecto al caso del diputado Núñez dijo que se trata de una investigación por lesión de confianza que involucra unos G. 3.000 millones cuando era gobernador, pero indicó que es otro expediente abierto por la Justicia y no es el mismo caso por el cual ya fue desaforado y está siendo procesado.
La causa contra Ríos, cuyo tratamiento se venía postergando desde hace varios meses, es por una acusación de difamación y calumnia, presentada por Juana Delgado Torres, funcionaria del MAG y coordinadora por la Transparencia de la Universidad Nacional del Pilar.
Romero Roa dijo que, si bien hay una discusión doctrinaria sobre si se deben admitir o no las acusaciones por difamación y calumnia contra un legislador, que tiene inmunidad de palabra, dijo que primó el criterio general de no entorpecer en ningún caso la investigación judicial.
Por otro lado, dijo que habían considerado que la acusación contra Ríos no es un caso grave y es mejor que concluya la investigación de tal manera a determinar fehacientemente su responsabilidad. De otra manera, indicó, quedaría pendiente hasta que concluya el mandato del legislador.
Romero Roa dijo que la inclusión de estos pedidos de la Justicia en el orden del día dependen de la mesa directiva y no descartó que los colegas afectados pidan acelerar su estudio.