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Cabe recordar que el costo de la energía de la binacional paraguayo-brasileña está definido por el costo operativo de mantener en funcionamiento la usina, los fondos sociales y el flujo de pago de la deuda. Paraguay recibe hoy compensaciones por la energía que no utiliza y le cede al Brasil.
Para la cámara es necesario hablar de valores cercanos al precio de mercado de energía del mismo tipo que se entregaría a RTA, y que sería un contrasentido que Paraguay renuncie a los flujos actuales de Itaipú, vendiendo la energía a menores precios que los precios máximos que podría recibir por ella. “A estos precios máximos se podrían hacer ajustes, considerando la inversión como estrategia para el país, pero nunca muy por debajo del precio de mercado”, menciona el escrito.
Protección ambiental
Por otra parte, la cámara considera asimismo que la instalación de la planta de aluminio y demás industrias conexas debe estar supeditada al cumplimiento de los estándares más altos en relación a la protección al medioambiente, y que esto no debería ser negociable bajo ningún sentido. En relación al parque industrial y toda la infraestructura que RTA necesita para operar, la CNCSP cree que debe definirse claramente quién hará la inversión, bajo qué condiciones y qué objetivos concretos de generación de empleo se comprometerá el gerenciador del complejo industrial.
Para la cámara no parece adecuado que el Estado financie el parque, ni la infraestructura que el proyecto necesita. Señala que lo ideal sería que la propia firma sea la responsable de la inversión, e incluso que se acuerden incentivos en el precio de la energía conforme se generan los empleos acordados para el mismo.
La cámara considera “imperiosa y urgente” una política energética de modo a socializar los beneficios de nuestra energía y que responda no solo a un proyecto en particular.