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Alcaraz, quien interina la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, rechazó el pedido de apartamiento de la imputada por estafa y producción inmediata de documentos de contenido falso, por “improcedente”.
El superior indicó: “Con relación a la presunta inobservancia del principio de objetividad, se debe dejar en claro que esta vía impugnativa no es hábil para separar del caso al titular de la acción penal pública con la sola alegación de que actúa en violación de las disposiciones previstas en el artículo 54 del CCP (principio de objetividad), sin el aval de elementos de convicción que demuestren una pérdida de la objetividad en la actuación de aquel en la causa”.
Continuó: “Por el contrario, el instituto de la inhibición y la recusación, tratándose de agentes fiscales, busca preservar un ámbito de actuación sustraído de afectaciones subjetivas pasible de desequilibrar la justa valoración de los elementos de cargo y de descargo a disposición del órgano requirente. Además de ello, se debe recalcar que la causa invocada por el incidentista (violación o inobservancia del principio de objetividad) no figura entre las establecidas en el artículo 57 del CPP, norma que rige el procedimiento del instituto que nos ocupa”.
En otra parte del escrito señala que “los motivos que ameritan la separación de los representantes del Ministerio Público son específicos y determinantes”.
La fiscala Criscioni había imputado al administrador de San Agustín, Arnaldo Jara, y a la escribana Martha Roa de Vargas, pero inmediatamente fue recusada.
Su interina, Victoria Acuña, amplió el proceso contra el extitular del Indert Luis Ortigoza, Milciades Duré, Emmanuel Friedmann y Justo Gamarra, de la Junta Asesora.