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El pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto fue planteado por el diputado colorado Tadeo Rojas y generó un amplio debate que luego fue interrumpido por pedido de la misma bancada colorada.
Rojas argumentó que la expropiación no se basaba en criterios técnicos ni realistas y sostuvo que las tierras estaban racionalmente explotadas. Sostuvo que gran parte de ellas no eran aptas para la agricultura, por lo que no servirían a los fines de la reforma agraria.
Por su parte, Ramón Duarte, del Frente Guasu, indicó que en este caso se debía tener en cuenta el interés social y la situación de cientos de familias que no cuentan con tierras para la explotación.
En el mismo sentido, el liberal Víctor Ríos indicó que en este proyecto estaba en juego la visión del país que queremos y el futuro que proyectamos.
El diputado colorado Walter Harms defendió la labor de Favero y su grupo, señalando que todo lo que ganaron lo hicieron con base en su trabajo. Agregó que la expropiación tendrá un costo exorbitante para el Estado que no se justifica, ya que se podría utilizar para desarrollar otras tierras que no están explotadas y que beneficiarían a muchas más familias.
Afirmó además que este grupo es uno de los mayores aportantes al fisco y su eventual salida del sector de la producción causará perjuicios a las arcas públicas.
El diputado Ricardo González (PEN) dijo que, como exfuncionario del Indert, conocía la problemática y consideró que la expropiación de las tierras de Favero no era una solución viable. Indicó que existen otros terrenos donde se podían asentar familias campesinas con el respaldo de las instituciones del Estado. González, no obstante, se mostró partidario de que el grupo Favero pague mayores impuestos dado el nivel de sus ganancias y la innumerable extensión del territorio paraguayo que posee.
Cuando el debate amenazaba extenderse por algunas horas, diputados colorados plantearon el cierre del debate, lo que motivó la protesta de sectores de la oposición. Sin embargo, la mayoría dispuso que se votara, cortando la discusión.
La Cámara de Senadores precisará ahora de una mayoría absoluta de votos (23) para ratificarse en su aprobación. De conseguirlo, el proyecto de expropiación vuelve a la Cámara de Diputados, donde precisará una mayoría absoluta de dos tercios de votos para ratificar el rechazo.