Cargando...
El diputado Éver Noguera (ANR, Añetete), presidente de la Comisión de Minas y Energía, defendió la media sanción del Senado. Mencionó que la única intención es proteger la reserva contra eventuales avances de masivas empresas mineras.
Sostuvo que no están en contra de la explotación de los recursos minerales que no sean áreas protegidas, pero que consideran necesaria la declaración de área silvestre protegida a la cordillera del Ybytyruzú ante la debilidad de las instituciones para realizar los controles.
Mencionó que el Art. 6° de la Ley N° 5399/15 si bien permite una prohibición, hace una excepción en la reserva de los recursos manejados para algunas empresas que estén interesadas en la explotación de recursos minerales. “Por favor no dejemos que por la codicia de empresas internacionales de explotar recursos minerales sea dañado nuestro medio ambiente”, indicó el diputado abdista.
En contra
Sin embargo, el diputado Pastor Soria (ANR), de la Comisión de Ecología, defendió el rechazo de la norma, argumentando que el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Minas y Energía tiene la capacidad para resguardar el área silvestre protegida.
“No es necesaria la prohibición estricta atendiendo que la Ley 5399/15 establece que el MOPC solo podrá otorgar permisos mediante la ley que autorice la prospección, explotación y exploración de minerales dentro del área silvestre protegida de la Cordillera del Ybytyruzú y la extracción deberá ser ejecutada al plan de manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente”, dijo el diputado colorado.
Por su parte, el diputado Celso Kennedy (PLRA, efrainísta) indicó que la ley vigente establece una prohibición expresada tácitamente, ya que necesariamente debe salir una ley para permitir su explotación.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) mencionó a su vez que la Comisión de Legislación solicitó el parecer del Ministerio del Ambiente. Indicó que de aprobarse el Art. 6° y testar el Art. 7° que establecen penas de cinco años habría una sanción para las actividades ilícitas en la cordillera del Ybytyruzú y otra sanción para las demás reservas naturales, situación que no corresponde, indicó.
Añadió que en el Art. 202 del Código Procesal Penal se establece una pena de 2 a 5 años por actividades ilícitas en reservas naturales y en el proyecto plantea 5 años no estableciendo degradación.