Consideraron que el nombramiento de Rachid “es un reconocimiento a la protección y encubrimiento de la brutalidad policial” que hizo cuando se desempeñaba como fiscal en el caso Curuguaty. La articulación afirmó que la actuación de Rachid fue “un fracaso, ocultó pruebas y violó garantías procesales” y llevó una sola línea de investigación “sin importarle la muerte de 11 campesinos”. También murieron seis policías el 15 de junio de 2012.