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La fiscala general Sandra Quiñónez recurrió el 1 de febrero pasado a una acción de inconstitucionalidad para evitar que la Contraloría audite las cuentas del Ministerio Público.
La acción de la titular del Ministerio Público va dirigida contra la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se priva al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.
Es decir, Quiñónez pretende que sea el Tribunal de Cuentas y no la Contraloría, el órgano que revise la ejecución presupuestaria del Ministerio Público. De esta manera, Quiñónez contradice lo afirmado en la audiencia pública cuando concursó por el cargo de fiscal general al asegurar que permitiría que la Contraloría verifique su gestión administrativa en caso de dirigir el Ministerio Público.
Para justificar esta medida, surgió la versión de que Quiñónez pretende evitar el control administrativo de la Contraloría debido a que el actual contralor general Enrique García está imputado en el caso Ivesur por supuestamente causar perjuicio económico a la Municipalidad de Asunción al apelar fuera del plazo una resolución desfavorable cuando fue asesor del municipio.
Por este motivo, en fiscalía temen que el contralor se tome una vendetta contra el Ministerio Público.
Ahora, de la Sala Constitucional se inhibió el ministro Antonio Fretes porque anteriormente cuando fue presidente de la Corte recurrió a una inconstitucionalidad similar, justificó.
Aceptó integrar esta Sala el ministro José Raúl Torres Kirmser, quien junto a sus colegas Gladys Bareiro y Miryam Peña, analizan si conceden o no la suspensión de efectos de la ley impugnada por Quiñónez.
La fiscala general ya se había amparado en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte para impedir que la Contraloría audite el ejercicio fiscal 2017 de su antecesor Javier Díaz Verón.
Quiñónez comunicó a la Contraloría que el 18 de abril de 2018 la Sala Constitucional otorgó competencia al Tribunal de Cuentas para juzgar su rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2017.